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El Senado de la Nación retomará esta semana la actividad parlamentaria con una agenda concentrada en dos iniciativas: la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Ambos proyectos forman parte de las prioridades legislativas del oficialismo, que busca reunir los acuerdos necesarios para avanzar antes de fin de año.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tendrá un papel central en las negociaciones para conseguir los dictámenes y respaldos parlamentarios que permitan llevar las iniciativas al recinto.
La reactivación se produce después de dos semanas con actividad reducida en la Cámara alta. En paralelo, el Gobierno nacional mantiene conversaciones políticas para impulsar la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque esa discusión todavía no tiene una fecha definida de tratamiento.
Uno de los principales temas de la semana será el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido internacionalmente por sus siglas PCT.
El proyecto será analizado el jueves 15 de octubre, a las 14, durante una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio.
El encuentro estará encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, y Marcelo Lewandowski, del peronismo.
El objetivo del oficialismo es conseguir un dictamen que permita avanzar hacia la aprobación definitiva del acuerdo, que ya recibió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El PCT establece un mecanismo de cooperación internacional para la presentación de solicitudes de patentes. Su incorporación al sistema argentino es objeto de debate por las consecuencias que podría tener para la actividad industrial, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Uno de los puntos centrales es la protección de la industria farmacéutica nacional.
Durante su tratamiento en Diputados, el proyecto incorporó una reserva al capítulo II del tratado, a partir de planteos realizados por cámaras empresariales del sector farmacéutico.
Esa modificación busca atender las preocupaciones de la industria nacional respecto del funcionamiento del sistema internacional de patentes.
El Senado deberá analizar el texto con los cambios introducidos por la Cámara baja.
Si las comisiones consiguen emitir dictamen, el oficialismo podría intentar llevar la iniciativa al recinto el jueves 22 de octubre, fecha que aparece en la planificación legislativa.
Sin embargo, la aprobación definitiva dependerá de los acuerdos entre los bloques y de la convocatoria formal a sesión.
La otra iniciativa que el oficialismo pretende reactivar es la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental.
El proyecto fue enviado al Senado en abril y, desde entonces, atravesó una etapa de consultas y negociaciones con funcionarios provinciales, especialistas y representantes parlamentarios.
La Comisión de Salud, presidida por Ivana Arrascaeta, realizó tres reuniones informativas, pero no volvió a reunirse desde el 20 de mayo.
Ahora Bullrich busca presentar los acuerdos alcanzados con ministros provinciales y bloques aliados para destrabar su tratamiento.
La reforma propone modificar distintos aspectos de la legislación vigente, especialmente los criterios para disponer internaciones involuntarias y el abordaje de los consumos problemáticos.
Se trata de cuestiones que requieren acuerdos políticos y técnicos por sus implicancias para los derechos de los pacientes, sus familias y el funcionamiento de los servicios de salud.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto está relacionado con las condiciones necesarias para disponer una internación sin el consentimiento de la persona.
Según el texto en discusión, la decisión deberá contar con la intervención de dos profesionales de la salud, uno de ellos médico y preferentemente especialista en psiquiatría.
La propuesta no exige que la evaluación quede exclusivamente a cargo de un psiquiatra.
También mantiene como condición la existencia de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
Otro aspecto de la reforma establece que la atención deberá considerar la edad, el desarrollo cognitivo y las condiciones afectivas y mentales de cada paciente.
El proyecto contempla, además, la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con el propósito de organizar el proceso de atención y las condiciones para una eventual salida de la institución.
La iniciativa también prevé mecanismos de notificación a familiares o representantes legales para coordinar el regreso del paciente a su entorno.
Estos cambios todavía son propuestas legislativas y no modificaciones vigentes de la ley. Su implementación dependerá de que el Congreso apruebe la reforma.
El proyecto incorpora disposiciones específicas para el tratamiento de consumos problemáticos de sustancias en niños y adolescentes.
La propuesta establece que la atención de menores de edad deberá realizarse mediante equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil.
Además, busca incorporar de manera expresa las adicciones a las drogas dentro del abordaje contemplado por la legislación de salud mental.
Este punto forma parte de la discusión sobre la articulación entre los servicios de salud, los dispositivos de atención de adicciones y los sistemas provinciales de asistencia.
Las modificaciones podrían tener consecuencias para la organización de los servicios sanitarios en todo el país, incluidas las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque su alcance concreto dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso.
Mientras el Senado retoma el debate de estos proyectos, la Casa Rosada continúa trabajando sobre otra iniciativa de relevancia política: la suspensión de las PASO.
El Gobierno busca reunir los consensos necesarios para modificar el calendario electoral de cara a las elecciones nacionales de 2027.
Sin embargo, las negociaciones todavía no se tradujeron en una fecha concreta para su tratamiento en el Senado.
La eventual suspensión de las primarias requerirá una decisión legislativa y no puede considerarse aprobada mientras el Congreso no complete ese procedimiento.
Además del acuerdo sobre patentes y la reforma de Salud Mental, el oficialismo analiza incorporar otras iniciativas a la agenda de las próximas semanas.
Entre ellas aparecen el proyecto de Mercado Voluntario de Carbono y la denominada Ley Hojarasca, orientada a revisar y derogar determinadas normas consideradas obsoletas por sus impulsores.
La posibilidad de que esos expedientes lleguen al recinto dependerá de su avance en las comisiones y de los acuerdos parlamentarios.
Por ahora, el objetivo inmediato del oficialismo es obtener dictamen sobre el tratado de patentes y reactivar las negociaciones por Salud Mental, dos temas que podrían ocupar un lugar central en la actividad del Senado durante octubre.
