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La investigación por el doble homicidio ocurrido en el barrio San Lorenzo de Cipolletti ingresó en una nueva etapa judicial. El Ministerio Público Fiscal presentó la acusación contra dos hombres por los asesinatos de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies, quienes murieron durante un violento ataque en la vivienda que compartían.
En una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal Martín Pezzetta informó que la investigación reunió elementos probatorios suficientes, según la acusación, para avanzar hacia la instancia de control de acusación.
El caso podría llegar a un juicio por jurados, aunque previamente deberán analizarse las pruebas ofrecidas por las partes y resolverse los planteos de las defensas.
La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo también dispuso prorrogar la prisión preventiva de los dos imputados hasta la realización de esa audiencia.
El hecho investigado ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Río Gallegos al 100, en el barrio San Lorenzo de Cipolletti.
En ese domicilio residían las dos víctimas: Juan Aníbal Seferino Cuerda, conocido como Aníbal, y Pablo Franco Davies, apodado Gamuza.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, uno de los acusados ingresó a la propiedad con la intención de matar a Cuerda, quien se encontraba durmiendo en el sector de la cocina.
La acusación sostiene que el atacante utilizó un líquido combustible para rociarlo y posteriormente prenderlo fuego.
Según los resultados de la autopsia mencionados en la investigación, el cuerpo de Cuerda no presentaba lesiones previas ni signos de defensa.
Para la Fiscalía, esos elementos forman parte de la evidencia que respalda su hipótesis sobre las circunstancias del homicidio.
La investigación también reconstruyó lo ocurrido con Pablo Franco Davies, quien se encontraba en la vivienda al momento del ataque.
Según la hipótesis fiscal, Davies advirtió lo que estaba sucediendo e intentó intervenir para detener la agresión contra Cuerda.
En esas circunstancias fue atacado con un arma blanca.
Los estudios forenses determinaron que sufrió al menos 11 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, lesiones que le provocaron la muerte.
La Fiscalía sostiene que ambos homicidios forman parte de una misma secuencia de hechos y busca establecer las responsabilidades individuales de los dos imputados.
La acusación distingue el papel que habría tenido cada uno de los hombres investigados.
Uno está imputado como autor del homicidio agravado por alevosía, mientras que el segundo enfrenta una acusación por participación necesaria.
La alevosía es una circunstancia agravante que se vincula con la utilización de medios o condiciones destinadas a asegurar la ejecución del ataque sin riesgo proveniente de la defensa de la víctima.
Por su parte, la participación necesaria supone, según la acusación, una colaboración indispensable para la comisión del delito.
Estas calificaciones corresponden a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
Hasta el momento, ninguno de los dos imputados fue declarado culpable por estos hechos.
Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Pezzetta solicitó que se extendiera la prisión preventiva de ambos acusados.
El pedido se realizó porque las medidas cautelares vigentes estaban próximas a vencer a fines de octubre.
La jueza Amorina Sánchez Merlo hizo lugar al planteo y resolvió mantener la detención de los dos hombres hasta la audiencia de control de acusación.
La decisión implica que continuarán privados de su libertad mientras avanza el procedimiento, pero no constituye una condena.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no modifica el principio de inocencia que rige hasta que exista una sentencia firme.
Los abogados que representan a los imputados solicitaron un plazo adicional de un mes para revisar el material incorporado a la investigación.
El pedido fue fundamentado en la cantidad de evidencias reunidas en el expediente.
La instancia de control de acusación permitirá discutir qué pruebas podrán presentarse en el juicio y resolver eventuales objeciones formuladas por las partes.
Una vez completado ese procedimiento, la Justicia deberá determinar los pasos siguientes para la realización del debate.
Por las características de los delitos investigados, la causa se encamina hacia un eventual juicio por jurados.
En ese procedimiento, un jurado popular deberá evaluar las pruebas presentadas durante el debate y determinar si la acusación logra demostrar la responsabilidad penal de los imputados.
La Fiscalía intentará acreditar su reconstrucción de los hechos, mientras que las defensas podrán cuestionar las evidencias y presentar sus propios argumentos.
Por ahora, no se informó una fecha para el inicio del juicio.
El avance de la causa dependerá de la realización de la audiencia de control de acusación y de las decisiones que se adopten sobre la prueba que llegará al debate.
