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La Cámara de Diputados de la Nación continúa este miércoles con una sesión marcada por las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Después de avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la restitución de la Ley de Tierras, los legisladores concentran ahora la discusión en dos asuntos de impacto social: las prestaciones por discapacidad y el endeudamiento de las familias argentinas.
La Libertad Avanza busca conseguir los votos necesarios para aprobar sus propuestas, con el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, persisten diferencias sobre el financiamiento del sistema de discapacidad y las medidas destinadas a aliviar la situación de los hogares endeudados.
La jornada también dejó la aprobación de un proyecto para establecer un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una iniciativa impulsada después de la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado.
La Cámara baja avanzó con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional para modificar aspectos relacionados con las expropiaciones, los desalojos y la restitución de inmuebles ocupados.
Para conseguir los apoyos necesarios, el oficialismo debió aceptar modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión representó un cambio respecto de la intención original del Gobierno de eliminar esas limitaciones.
Como el texto fue modificado respecto de la versión que había recibido media sanción del Senado, deberá regresar a la Cámara alta para completar su tratamiento legislativo.
Por lo tanto, la reforma todavía no tiene sanción definitiva.
Superada esa discusión, los diputados continuaron con los proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.
Uno de los principales debates de la jornada gira alrededor del futuro del sistema de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad.
El oficialismo impulsa la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca establecer un régimen permanente en reemplazo del esquema de emergencia.
La propuesta conserva parte de los beneficios contemplados en la legislación vigente, aunque introduce modificaciones en las condiciones de acceso, la compatibilidad con el empleo y los mecanismos de financiamiento.
La oposición, en cambio, reclama extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Los bloques que sostienen esa posición consideran que todavía existen problemas en la autorización de prestaciones, el pago a los prestadores y la resolución de solicitudes de pensiones.
Las diferencias se concentran especialmente en las garantías para los beneficiarios y los recursos presupuestarios necesarios para sostener los servicios.
El proyecto oficialista contempla una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en la iniciativa.
También establece la posibilidad de mantener el beneficio cuando la persona desarrolla una actividad laboral formal, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Entre los requisitos que se analizan figuran la acreditación de la discapacidad, las condiciones socioeconómicas y otros criterios administrativos.
La oposición cuestiona que determinados aspectos puedan quedar sujetos a la reglamentación posterior y reclama garantías frente a eventuales suspensiones de beneficios.
Durante el debate también se mencionó la existencia de 324.303 solicitudes de pensiones pendientes, una cifra utilizada por legisladores opositores para fundamentar la necesidad de extender la emergencia.
La cantidad de solicitudes pendientes no implica que todas cumplan necesariamente las condiciones para acceder al beneficio, pero refleja uno de los principales puntos de controversia.
Otro de los asuntos que divide a los bloques es la situación económica de los profesionales, instituciones y organizaciones que brindan prestaciones a personas con discapacidad.
La oposición sostiene que la propuesta oficialista no garantiza suficientemente la actualización de los aranceles ni la cancelación de las deudas acumuladas.
En ese marco, se mencionó un atraso arancelario estimado en el 30,67%, según los cuestionamientos expuestos durante la discusión parlamentaria.
El presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, reclamó que cualquier modificación legislativa garantice, como mínimo, las condiciones previstas en el régimen de emergencia.
Las negociaciones incluyen posibles cambios en el financiamiento y en los mecanismos destinados a garantizar la continuidad de las prestaciones.
El segundo gran tema pendiente de la sesión es la situación de las familias que acumulan deudas con bancos, financieras y plataformas de crédito.
La Libertad Avanza impulsa una propuesta orientada a fortalecer la educación financiera, mejorar la información disponible para los consumidores y establecer controles frente a abusos y estafas en las plataformas digitales.
El oficialismo rechaza, en cambio, incorporar mecanismos obligatorios de refinanciación o límites generales a las tasas de interés en los contratos de crédito.
La oposición considera que esas herramientas resultan insuficientes para quienes ya tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Por ese motivo, distintos bloques impulsan una propuesta de alivio financiero que contemple acuerdos de pago y condiciones especiales para los hogares sobreendeudados.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa opositora es establecer un mecanismo de refinanciación de deudas en al menos 12 cuotas, con un límite para que los pagos mensuales no superen el 30% de los ingresos.
El objetivo es evitar que el endeudamiento absorba una proporción excesiva del presupuesto familiar y comprometa la capacidad de afrontar gastos esenciales.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, cuestionó la propuesta del oficialismo al considerar que la educación financiera no ofrece una solución inmediata a quienes ya acumularon deudas.
Las diferencias entre ambos proyectos reflejan dos enfoques: uno centrado en la prevención y la transparencia del crédito, y otro que propone intervenir también sobre las condiciones de pago de las obligaciones existentes.
Hasta el momento, no se había confirmado la aprobación de un régimen general de refinanciación.
La sesión también incluyó el tratamiento de una iniciativa para fortalecer la trazabilidad de medicamentos considerados de alto riesgo.
El proyecto, impulsado originalmente por la diputada Silvana Giudici, obtuvo 241 votos afirmativos y contó con un amplio respaldo parlamentario.
La propuesta busca establecer mecanismos que permitan identificar y seguir el recorrido de los medicamentos durante las etapas de producción, almacenamiento, distribución y utilización.
El objetivo es mejorar los controles y facilitar la identificación del origen y destino de los productos.
La discusión adquirió especial relevancia después de la crisis sanitaria provocada por la distribución de ampollas de fentanilo contaminadas.
El proyecto aprobado en Diputados deberá completar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Los dos principales temas que continúan en debate tienen consecuencias directas para los habitantes de Neuquén y Río Negro.
En materia de discapacidad, las decisiones sobre pensiones, prestaciones y financiamiento afectan a beneficiarios, familias, profesionales e instituciones que integran el sistema de atención.
La continuidad de los servicios y la actualización de los pagos a prestadores constituyen cuestiones relevantes para ambas provincias.
En cuanto al endeudamiento familiar, una eventual legislación que establezca mecanismos de refinanciación podría modificar las condiciones de pago de hogares que destinan una parte importante de sus ingresos a cancelar créditos.
Sin embargo, el alcance de cualquier beneficio dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso.
La jornada legislativa expuso la importancia de los bloques dialoguistas y provinciales para la aprobación de las iniciativas impulsadas por el Gobierno.
La Libertad Avanza consiguió avanzar con la reforma de la propiedad privada después de aceptar modificaciones, pero todavía enfrenta negociaciones sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
En ambos casos, las diferencias incluyen cuestiones presupuestarias y el alcance de las obligaciones que asumiría el Estado.
La sesión podría extenderse hasta la madrugada del jueves, mientras los diputados intentan alcanzar acuerdos sobre los proyectos pendientes.
Por ahora, la discusión continúa abierta y no se encuentran confirmadas las votaciones definitivas sobre discapacidad y deudas familiares.
