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La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) atraviesa una situación de incertidumbre institucional a partir de las diferencias entre representantes del Gobierno provincial y del sector privado sobre el funcionamiento del organismo, la aprobación de decisiones administrativas y la planificación de actividades para 2027.
El conflicto se profundizó esta semana durante una reunión del directorio, cuando la presidenta de la agencia y secretaria de Turismo de Río Negro, Sol Canalda, manifestó que no firmaría el acta correspondiente al encuentro anterior, realizado en octubre.
La decisión impidió avanzar con normalidad en los temas previstos y derivó en un cuarto intermedio, mientras continúa pendiente la designación de un nuevo director ejecutivo tras la renuncia de Diego Piquín, que se hará efectiva el 30 de noviembre.
La situación genera preocupación entre los representantes empresariales que integran el directorio, donde el sector privado cuenta con mayoría.
La reunión se realizó el martes de manera virtual y contó con la participación de 13 de los 14 integrantes del directorio. El único ausente fue uno de los representantes estatales.
Durante el encuentro, Canalda comunicó que no prestaría conformidad con su firma al acta de la sesión anterior, en la que Piquín había presentado su renuncia.
La funcionaria confirmó posteriormente que la reunión pasó a cuarto intermedio para analizar cómo continuar, aunque no precisó cuáles fueron los motivos de su negativa a firmar el documento.
El vicepresidente de ATUR y presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro, Agustín Rodríguez, expresó su preocupación por la situación.
En declaraciones a Diario RÍO NEGRO, sostuvo que la decisión de Canalda “siembra algún tipo de duda respecto de lo que venimos haciendo al negarse a firmar el acta”.
Desde el sector privado consideran que la falta de acuerdo sobre ese documento dificulta la continuidad de compromisos asumidos por el organismo.
Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de firmar el acta con salvedades respecto de los puntos sobre los que no exista conformidad.
El conflicto se produce cuando faltan pocos días para la salida de Diego Piquín de la dirección ejecutiva de ATUR.
Su renuncia se hará efectiva el 30 de noviembre y, hasta el momento, no se alcanzó una definición sobre quién ocupará el cargo.
La falta de acuerdo sobre la conducción ejecutiva se suma a las diferencias relacionadas con la planificación del próximo año.
Según explicó Rodríguez, el directorio había avalado un Plan de Acción 2027 presentado por Piquín, pero la presidenta del organismo habría planteado reparos a esa decisión.
La posición atribuida a Canalda es que el futuro director ejecutivo debería elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a consideración del directorio.
Esta diferencia mantiene abierta la discusión sobre la continuidad de las acciones previstas para el próximo ejercicio.
Rodríguez señaló que la falta de definición administrativa genera inconvenientes para avanzar con compromisos que la agencia asumió con distintos municipios.
Entre ellos mencionó el acompañamiento a gobiernos locales para la organización de eventos vinculados con la actividad turística.
El empresario describió la situación como “un cuello de botella” que afecta el funcionamiento del organismo.
También reconoció que la relación entre los representantes privados y la conducción estatal cambió después de la reorganización de las áreas de gobierno.
Recordó que durante la presidencia del exministro Fabián Gatti existió una dinámica de trabajo diferente.
Posteriormente, Turismo pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, encabezado por Carlos Banacloy, y Canalda asumió la presidencia de ATUR.
Desde entonces, según Rodríguez, no se logró mantener el mismo nivel de entendimiento entre las partes.
“Venimos trabajando bien, seguramente hay cuestiones para corregir, pero entendemos que hemos hecho un trabajo más que interesante y destacable para la promoción de la Provincia”, afirmó.
El dirigente empresario aseguró que el directorio privado pretende mantener la agencia como herramienta de promoción turística.
Las diferencias internas se desarrollan en un contexto en el que ATUR también enfrenta cuestionamientos sobre sus procedimientos administrativos.
Recientemente, el Tribunal de Cuentas de Río Negro realizó una auditoría en la que formuló observaciones sobre aspectos del funcionamiento administrativo del organismo.
Además, en la Legislatura provincial se presentó un pedido de informes relacionado con la situación financiera y la gestión de la agencia, que según la información difundida todavía no recibió respuesta.
Estos antecedentes se suman a la discusión sobre las responsabilidades de los representantes estatales y privados dentro de la estructura de conducción.
ATUR funciona bajo un esquema de participación mixta, con mayoría del sector empresarial en el directorio, aunque su presidencia está a cargo de una funcionaria del Poder Ejecutivo.
El gobernador Alberto Weretilneck ya había expresado su posición respecto del funcionamiento de la Agencia de Turismo.
Tras conocerse la renuncia de Piquín, sostuvo que el sector privado debe asumir la responsabilidad de conducir los lineamientos del organismo.
También advirtió que, si el modelo de gestión no alcanza los resultados esperados, el Gobierno podría evaluar el regreso al esquema anterior, en el que las tareas de promoción turística estaban concentradas en la estructura estatal.
Por su parte, Canalda manifestó que la intención del Ejecutivo es acompañar el trabajo de la agencia.
“Desde el Estado queremos acompañar”, expresó al ser consultada sobre las diferencias surgidas durante la reunión del directorio.
Mientras continúa el cuarto intermedio, los representantes empresariales esperan mantener un encuentro con el ministro Carlos Banacloy para abordar la situación institucional, la designación del nuevo director ejecutivo y las decisiones pendientes para 2027.