
A casi tres años y medio de la muerte del soldado Pablo Córdoba en el Regimiento del Ejército de Zapala, su madre, Natalia Córdoba, volvió a reclamar avances en la investigación judicial para determinar quiénes fueron los responsables del crimen y si existieron maniobras destinadas a encubrir lo ocurrido.
El planteo se produjo después de conocerse un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de 18 meses de prisión en suspenso para Brian Abel Jara, en una causa paralela por falso testimonio vinculada con la investigación de la muerte del joven militar.
Natalia Córdoba consideró que esa instancia representa un avance en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el caso, aunque sostuvo que su principal reclamo sigue siendo la identificación y el juzgamiento de quienes participaron en la muerte de su hijo.
“No es el paso que necesitábamos”, expresó al referirse al acuerdo judicial.
La mujer afirmó que, desde los primeros meses de la investigación, las pruebas científicas permitieron descartar la hipótesis del suicidio y sostener que Pablo fue asesinado.
Natalia Córdoba señaló a Brian Abel Jara como una de las personas que, según su interpretación, obstaculizaron el esclarecimiento de los hechos.
La madre del soldado sostuvo que el militar brindó declaraciones falsas durante la investigación y le atribuyó presuntas conductas relacionadas con la destrucción de pruebas.
También planteó la posibilidad de que Jara hubiera modificado sus testimonios por indicación de otras personas.
Se trata de acusaciones formuladas por la familia, que deben diferenciarse del alcance específico de la causa por falso testimonio y de las responsabilidades que puedan establecerse judicialmente.
Para Natalia, el acuerdo de 18 meses de prisión en suspenso constituye una respuesta limitada frente a la gravedad de los hechos que considera necesario investigar.
La mujer sostuvo que las eventuales responsabilidades podrían extenderse a otros integrantes de la estructura jerárquica del Ejército.
Otro de los cuestionamientos de Natalia Córdoba estuvo dirigido al exjuez federal Hugo Horacio Greca, quien intervino en la investigación.
La madre del soldado lo responsabilizó por demoras y decisiones que, según afirmó, perjudicaron el avance del expediente.
También sostuvo que el exmagistrado mantuvo una actitud favorable hacia el Ejército y cuestionó el tratamiento de elementos probatorios durante las primeras etapas de la causa.
Entre sus señalamientos, mencionó que integrantes de la institución militar habrían tenido acceso a pruebas incorporadas a la investigación.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de la madre de Pablo Córdoba y no constituyen, por sí mismas, determinaciones judiciales sobre la actuación del exjuez.
Natalia consideró que las decisiones adoptadas durante esa etapa dificultaron la posibilidad de investigar otras conductas que, a su entender, podrían configurar responsabilidades más graves.
La madre de Pablo Córdoba reclamó al juez Andriani que informe cuáles son las medidas que se están desarrollando en la causa principal y qué resultados se obtuvieron hasta el momento.
Sostuvo que la investigación cuenta con elementos suficientes para profundizar la búsqueda de responsabilidades y pidió que se adopten decisiones sobre las pruebas reunidas.
“Hay prueba, hay evidencia y necesito que el juez resuelva”, afirmó.
También solicitó que se investigue a quienes se encontraban en el Regimiento de Zapala cuando ocurrió la muerte de su hijo y que se determine si existieron conductas de encubrimiento.
Natalia sostuvo que la investigación no debería limitarse a las declaraciones falsas que pudieron haber entorpecido el expediente, sino avanzar sobre las circunstancias de la muerte y las posibles responsabilidades de otras personas.
La mujer también se refirió a los cambios de destino de integrantes del Ejército que prestaban servicios en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Según indicó, algunos militares fueron trasladados a Neuquén capital, otros a Córdoba y otros a diferentes dependencias del sur del país.
Agregó que varios soldados solicitaron la baja de la institución.
Natalia consideró que esos movimientos deberían ser examinados dentro de la investigación para determinar si tuvieron alguna relación con las circunstancias del caso.
Sin embargo, los traslados y las bajas mencionados no permiten establecer por sí solos la existencia de maniobras de encubrimiento, una hipótesis que requiere comprobación judicial.
La muerte de Pablo Córdoba en una dependencia del Ejército de Zapala dio origen a una investigación judicial que, según denuncia su familia, estuvo atravesada por demoras y dificultades para determinar responsabilidades.
Aunque el acuerdo por falso testimonio representa un avance en una de las actuaciones derivadas del caso, la investigación principal continúa siendo el centro del reclamo de Natalia Córdoba.
La madre del soldado insistió en que su objetivo es conocer quiénes participaron en la muerte de su hijo y lograr que las personas responsables sean llevadas ante la Justicia.
“Necesito voluntad del juez”, expresó al reclamar decisiones concretas sobre las pruebas incorporadas al expediente.