El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
El Gobierno nacional continúa con su programa de privatizaciones después de la adjudicación del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones. La operación marca un nuevo avance en la política de reducción de la participación estatal en empresas públicas, aunque todavía quedan procesos pendientes en sectores estratégicos como el ferroviario, el aeronáutico y el energético.
El esquema forma parte de las iniciativas habilitadas por la Ley Bases, aprobada en 2024, y contempla diferentes mecanismos de transferencia al sector privado, desde la venta de participaciones accionarias hasta concesiones de largo plazo.
Sin embargo, los procesos no avanzan al mismo ritmo. Mientras algunas operaciones ya cuentan con adjudicaciones o licitaciones en marcha, otras enfrentan dificultades para atraer inversores.
Uno de los principales proyectos pendientes es el futuro del sistema ferroviario de cargas.
El Gobierno convocó a una licitación para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, bajo un régimen de acceso abierto.
El objetivo oficial es incorporar inversiones privadas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de transporte de mercaderías, especialmente de las actividades agroindustriales y mineras.
Las estimaciones gubernamentales contemplan obras por aproximadamente US$800 millones, que incluyen renovación de vías, recuperación de ramales, modernización de sistemas de señalamiento, reparación de puentes y desarrollo de instalaciones logísticas.
Entre las compañías que manifestaron interés aparece Grupo México, operador ferroviario internacional que, según la información difundida, evaluó inversiones por hasta US$3.000 millones condicionadas a determinados beneficios regulatorios y a la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El cronograma oficial proyecta las adjudicaciones para abril o mayo de 2027.
Hasta entonces, deberán definirse las condiciones de las concesiones, los compromisos de inversión y los mecanismos de supervisión estatal.
El caso de Intercargo presenta un escenario diferente.
La empresa estatal, dedicada a prestar servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas, no recibió ofertas durante el proceso licitatorio realizado este año.
La operación contemplaba un precio base de US$45 millones, pero la apertura de sobres concluyó sin propuestas de inversores nacionales o internacionales.
Ante esa situación, la comisión evaluadora recomendó finalizar el procedimiento sin adjudicación.
Por el momento, Intercargo continuará bajo control estatal.
Sin embargo, el Gobierno mantiene la autorización normativa para evaluar nuevas alternativas de privatización o transformación de la compañía.
El escenario también está condicionado por la desregulación de los servicios aeroportuarios, que permitió el ingreso de nuevos operadores privados a una actividad en la que Intercargo tenía una presencia predominante.
La falta de interesados constituye uno de los principales obstáculos que enfrenta el programa oficial de privatizaciones.
El sector energético también forma parte de la próxima etapa del programa.
El Ejecutivo autorizó avanzar con la segunda fase de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), mediante la venta de participaciones accionarias en centrales termoeléctricas.
El proceso incluye tres instalaciones vinculadas con la generación de electricidad:
En estas sociedades también participan empresas privadas del Mercado Eléctrico Mayorista, vinculadas con los mecanismos de financiamiento utilizados para desarrollar las centrales.
La privatización de estas participaciones representa un cambio en la composición accionaria de instalaciones relevantes para el sistema eléctrico argentino.
A diferencia de una concesión de servicios, estas operaciones implican la transferencia de acciones que actualmente se encuentran en manos de una empresa estatal.
El avance más reciente del programa fue la adjudicación del 90% de AySA al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX por US$340,2 millones.
La compañía presta servicios de distribución de agua potable y saneamiento cloacal en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Entre los integrantes del grupo adjudicatario se encuentran Rowing, vinculada con el empresario Walter Román, y Transclor, de Mauricio Filiberti.
Esta última empresa mantiene una relación comercial con AySA como proveedora de insumos utilizados en el proceso de potabilización.
Filiberti también participa, junto con José Luis Manzano y Daniel Vila, en el control accionario de Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus principales clientes.
Estas relaciones empresariales colocan bajo atención las condiciones de la operación y los mecanismos de control que deberán aplicarse durante la nueva etapa de gestión.
La adjudicación constituye un paso decisivo en el proceso, aunque corresponde distinguirla de la efectiva transferencia accionaria y del cumplimiento de las condiciones necesarias para completar la operación.
El avance del programa oficial plantea consecuencias que van más allá de la recaudación obtenida por la venta de activos.
En el transporte ferroviario, las decisiones sobre concesiones e inversiones pueden influir en los costos logísticos y en la competitividad de distintas economías regionales.
En el sector eléctrico, la transferencia de participaciones estatales modifica la estructura de propiedad de empresas generadoras que forman parte del abastecimiento nacional.
Para regiones productivas como Neuquén y la Patagonia, donde el crecimiento de la actividad energética exige mayores inversiones en infraestructura y transporte, la evolución de estas políticas tendrá relevancia por sus posibles efectos sobre la organización de los servicios y las condiciones de inversión.
Sin embargo, los beneficios esperados dependerán de los compromisos efectivamente asumidos por los operadores, de las inversiones que se concreten y de la capacidad de regulación y control del Estado.
Con AySA adjudicada, el Gobierno tiene por delante una agenda de privatizaciones con resultados todavía inciertos.
Belgrano Cargas cuenta con un cronograma que se extiende hasta 2027; ENARSA avanza con licitaciones de activos de generación eléctrica; e Intercargo deberá encontrar una nueva alternativa después del fracaso de su primer intento de venta.
El Ejecutivo apuesta a reducir la participación estatal y atraer capital privado para financiar inversiones.
La principal prueba será determinar si las operaciones se traducen en mejoras concretas de infraestructura, servicios y capacidad productiva, además de los ingresos que puedan representar para el Estado.
El avance de las privatizaciones dependerá, en definitiva, de la respuesta de los inversores y de las condiciones económicas y regulatorias que se establezcan para cada actividad.
