El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
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El Gobierno nacional afrontará una semana de negociaciones y disputas legislativas en la Cámara de Diputados, donde comenzará el debate del Presupuesto 2027 en medio de reclamos por el financiamiento de las universidades, las obras públicas y las transferencias de recursos a las provincias.
El martes, a las 12, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender las principales variables económicas y las partidas previstas por el Poder Ejecutivo.
La reunión fue convocada por el presidente de la comisión, Alberto Benegas Lynch, y marcará el inicio formal de una discusión que el oficialismo pretende resolver durante noviembre.
La Libertad Avanza buscará obtener dictamen antes del 7 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 17 de ese mes. Si no consigue avanzar dentro de esos plazos, podría ser necesaria una extensión del período de sesiones ordinarias.
Uno de los principales obstáculos para la aprobación del Presupuesto será la negociación con los bloques provinciales y los legisladores aliados.
En reuniones preliminares con representantes del PRO, la UCR y espacios federales, Guberman recibió planteos vinculados con la inversión en infraestructura, particularmente la situación de las rutas nacionales.
También surgieron reclamos por las deudas que mantiene el Estado nacional con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES.
Ambas cuestiones forman parte de las negociaciones habituales entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, pero adquieren especial relevancia ante la necesidad del oficialismo de reunir los votos para aprobar la denominada ley de leyes.
El debate presupuestario también podría vincularse con las conversaciones políticas sobre el futuro de las elecciones primarias de 2027, cuya suspensión o eliminación constituye uno de los objetivos del Gobierno.
El proyecto oficial establece las principales previsiones económicas para el próximo año.
Entre sus estimaciones se destacan:
Estas cifras constituyen supuestos utilizados para elaborar el Presupuesto y no resultados garantizados.
Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los ingresos totales previstos aumentarían 3,5% en términos reales respecto del cierre estimado de 2026.
Los gastos, por su parte, registrarían una suba real del 3,4%.
El informe identifica un incremento del 6,4% en las prestaciones sociales, impulsado principalmente por el gasto previsional y otros programas.
Sin embargo, esa evolución no será uniforme entre las distintas partidas.
Uno de los cambios más importantes del proyecto se encuentra en los subsidios económicos.
La OPC calcula que las transferencias destinadas a subsidiar la energía tendrán una reducción real del 25,2%, mientras que las correspondientes al transporte disminuirán 16,2%.
La evolución de estas partidas será uno de los puntos de discusión durante el tratamiento legislativo, por sus posibles consecuencias sobre los costos de los servicios y las políticas tarifarias.
En materia de asistencia social, el informe señala que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) tendrían un aumento real de apenas 0,7%, con una cobertura prevista de aproximadamente 4,1 millones de beneficiarios.
La Prestación Alimentar, en cambio, registraría una reducción real del 10,5%, con una cobertura estimada en 4,5 millones de personas.
Otro aspecto que genera cuestionamientos es la propuesta de eliminar la actualización automática por inflación de la AUH y las asignaciones familiares.
El financiamiento universitario será otro de los ejes de la discusión.
Para el jueves está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso, con reclamos por la aplicación de la legislación de financiamiento, la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas y los recursos destinados al sistema científico.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar las partidas vinculadas con discapacidad.
Guberman adelantó a legisladores aliados los recursos que el Ejecutivo contempla para financiar su propuesta alternativa a la extensión de la emergencia en discapacidad.
El detalle de esos fondos será incorporado al proyecto cuando llegue el momento de su tratamiento en el recinto, según la estrategia legislativa del oficialismo.
La oposición, por su parte, buscará avanzar con la prórroga de la emergencia.
Mientras el Gobierno pone en marcha el debate presupuestario, distintos bloques opositores preparan una sesión para el jueves.
La convocatoria incluye el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por Milei al comienzo de su gestión.
También se buscará debatir la extensión de la emergencia en discapacidad y una iniciativa destinada a ofrecer herramientas frente al sobreendeudamiento de las familias.
Sin embargo, la realización de la sesión dependerá de que la oposición consiga el quórum necesario.
Desde La Libertad Avanza consideran que no estarán los votos suficientes para abrir el recinto.
El oficialismo, además, convocó a otra sesión para el miércoles 21 de octubre, con una agenda que incluye discapacidad, endeudamiento y el proyecto de propiedad privada.
El miércoles comenzará la discusión de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Según lo anticipado por el oficialismo, el proyecto incorporará un capítulo para restablecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en un contexto de controversias judiciales sobre la normativa vigente.
Ese mismo día, La Libertad Avanza buscará obtener dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas.
Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar antes de que finalice el período ordinario de sesiones.
El Presupuesto será el principal escenario de negociación entre el Gobierno y los bloques parlamentarios durante las próximas semanas.
Además de establecer previsiones sobre inflación, actividad económica y tipo de cambio, la discusión determinará qué recursos se asignarán a infraestructura, educación, programas sociales y servicios públicos.
Para las provincias, uno de los interrogantes centrales será cuánto financiamiento nacional quedará disponible para obras y obligaciones pendientes.
El oficialismo necesita construir acuerdos legislativos para aprobar el proyecto, mientras la oposición buscará introducir modificaciones en las partidas que considera insuficientes.
La discusión comenzará el martes con la exposición de Hacienda, pero su resultado dependerá de las negociaciones políticas y de la capacidad del Gobierno para reunir una mayoría en Diputados.
