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La Justicia Federal ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dejar de descontar el 20% de la pensión que percibe Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La medida representa aproximadamente $3,1 millones adicionales por mes para la exmandataria, según los valores de la prestación correspondientes a agosto.
La resolución fue dictada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien ratificó la vigencia de la medida cautelar que había permitido restablecer el pago de la pensión.
La magistrada estableció un plazo de diez días hábiles para que la Anses suspenda las retenciones y presente ante el tribunal la documentación que acredite el cumplimiento de la orden.
La decisión judicial no resuelve definitivamente la controversia sobre las asignaciones vitalicias de la expresidenta, sino que establece que el organismo previsional no puede recuperar mediante descuentos automáticos los montos que considera percibidos indebidamente.
Hasta agosto, la pensión mensual correspondiente a Cristina Kirchner ascendía a $15.683.154,06.
Sobre ese importe, la Anses aplicaba una retención del 20%, equivalente a aproximadamente $3.136.630 mensuales.
Con la suspensión del descuento, la expresidenta podrá volver a percibir esa suma, que hasta ahora era retenida por el organismo previsional.
La medida alcanza exclusivamente a la prestación que cobra en su condición de viuda de Néstor Kirchner.
El conflicto comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso retirar las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner: una por su condición de expresidenta y otra como viuda de un exmandatario.
Ambas prestaciones representaban entonces un monto bruto conjunto superior a los $35 millones.
En febrero de 2026, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente el beneficio por viudez, una decisión que comenzó a ejecutarse en agosto.
Sin embargo, la Anses dispuso aplicar una retención mensual del 20% para recuperar fondos que, según su interpretación, habían sido cobrados sin sustento legal.
El organismo buscaba recuperar $660.052.338 y fundamentó su posición en la condena firme a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
A partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, la administración previsional consideró que la percepción de las asignaciones previstas en la Ley 24.018 constituía un enriquecimiento indebido a costa del Estado.
Al analizar el planteo, Alonso Candis determinó que el organismo previsional no contaba con autorización legal para aplicar directamente las retenciones sobre la pensión.
La magistrada señaló que la medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado restablecer el beneficio sin establecer descuentos.
También examinó la resolución administrativa RESOL-2025-343-ANSES, utilizada por el organismo para fundamentar su decisión.
Según la interpretación judicial, esa disposición permite que la Anses inicie las acciones legales correspondientes para reclamar sumas presuntamente percibidas de manera indebida.
Sin embargo, no la habilita a recuperar esos importes mediante descuentos unilaterales sobre la prestación previsional.
Por ese motivo, la jueza ordenó suspender la retención y acreditar el cumplimiento dentro del plazo establecido.
La resolución también abordó otros pedidos formulados por la defensa de Cristina Kirchner.
Uno de ellos estaba relacionado con el cobro de haberes retroactivos e intereses correspondientes al período transcurrido entre la restitución judicial del beneficio y el inicio efectivo de los pagos.
La magistrada mantuvo el criterio establecido en una resolución del 23 de junio y rechazó ese reclamo.
Por otra parte, la expresidenta había solicitado que se declarara la nulidad de la resolución 343 de la Anses.
Ese planteo también fue desestimado.
La jueza consideró que Cristina Kirchner había tomado conocimiento del acto administrativo y ejercido su derecho de defensa, por lo que una eventual irregularidad en la notificación no resultaba suficiente para anularlo.
De esta manera, la decisión judicial obliga a la Anses a interrumpir el descuento mensual del 20%, pero mantiene abierta la posibilidad de que el Estado reclame por las vías judiciales correspondientes los fondos que considera percibidos indebidamente.