Dólar oficial $1.570 – Dólar Turista $2.041 – Dólar blue $1.555 – Dólar MEP $1.580,17 – Contado con Liqui $1.679,15 – Riesgo País 936
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El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces sumó este viernes 6 de noviembre una nueva instancia con la exposición de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que atribuyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, su presunta participación en un mecanismo de lavado de activos vinculado con negocios inmobiliarios y hoteleros.
Durante la cuarta audiencia ante el Tribunal Oral Federal 5, la querella sostuvo que la sociedad Los Sauces habría sido utilizada para recibir fondos provenientes de empresarios beneficiados con contratos y concesiones del Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas.
La UIF describió la maniobra investigada como “un esquema de corrupción sin precedentes” que, según su hipótesis acusatoria, se habría desarrollado durante más de doce años.
Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos y asociación ilícita, en calidad de presunta jefa y organizador, respectivamente. Se trata de imputaciones que deberán ser examinadas durante el juicio oral.
Uno de los principales ejes de la acusación fue el funcionamiento de Los Sauces, sociedad constituida en noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner.
De acuerdo con la exposición de la UIF, la empresa habría sido utilizada para recibir pagos de sociedades vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La querella sostuvo que los contratos de alquiler de inmuebles habrían servido para otorgar apariencia legal a transferencias de dinero cuyo origen consideró ilícito.
Según los datos presentados durante la audiencia, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó más de $25 millones a empresas relacionadas con ambos grupos económicos.
La distribución de esos ingresos fue uno de los puntos destacados de la acusación:
El 65% de la facturación correspondió al Grupo Indalo.
El 23% estuvo vinculado con empresas del Grupo Báez.
La UIF atribuyó aproximadamente $18 millones a alquileres relacionados con el Grupo Indalo.
Otros $4 millones habrían ingresado mediante contratos con empresas de Báez por inmuebles en Río Gallegos.
Más de $3 millones fueron asociados al alquiler de La Aldea, en El Chaltén.
Para la UIF, estas operaciones habrían permitido transferir fondos desde empresas contratistas o beneficiarias de decisiones estatales hacia el patrimonio de la familia Kirchner.
Durante la audiencia también se repasó el origen que la UIF atribuye al dinero ingresado a Los Sauces.
En el caso de las empresas de Lázaro Báez, la querella relacionó los fondos con las presuntas maniobras de defraudación vinculadas con la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.
Entre las firmas mencionadas estuvieron Austral Construcciones, Kank y Costilla y otras sociedades integrantes del grupo empresario.
Respecto del Grupo Indalo, la acusación hizo referencia a contratos de obra pública, concesiones, actividades vinculadas con el juego y licencias para la explotación petrolera.
Según la hipótesis de la UIF, los pagos realizados mediante contratos inmobiliarios habrían funcionado como una contraprestación por beneficios obtenidos de la administración nacional.
El organismo también atribuyó a Máximo Kirchner y a Osvaldo Sanfelice participación en la celebración de contratos de locación que considera presuntamente simulados.
La exposición incluyó distintas operaciones inmobiliarias realizadas por Los Sauces desde su constitución.
Entre ellas se mencionó la adquisición de un dúplex y cinco cocheras en el complejo Madero Center de Puerto Madero, concretada en abril de 2008 por un monto superior al millón de dólares.
También se detalló la compra de otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo, por aproximadamente 943.000 dólares.
La UIF incluyó entre las operaciones investigadas la adquisición de un inmueble en Río Gallegos en 2012, que habría sido utilizado como vivienda por Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo, mencionó la compra de un departamento en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, durante junio de 2015, destinado al uso de Florencia Kirchner.
La querella considera que estas operaciones formaron parte del circuito patrimonial investigado, aunque su eventual carácter delictivo deberá ser determinado por el tribunal.
La cuarta jornada del juicio se desarrolló en los tribunales federales de Comodoro Py, con la participación presencial de algunos acusados y la conexión remota de otros.
Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner siguieron el debate mediante videoconferencia.
Según lo previsto para el desarrollo del proceso, ambos deberán concurrir presencialmente a los tribunales cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.
Durante la audiencia, el presidente del tribunal, José Michilini, también intervino para solicitar que Fabián De Sousa volviera a ubicarse frente a la cámara de la videoconferencia.
La jornada finalizó después de la lectura del requerimiento acusatorio de la UIF.
El Tribunal Oral Federal 5 dispuso que el debate se reanude el próximo viernes 13 de noviembre.
El presidente del tribunal anticipó, además, que se evalúa incorporar audiencias los miércoles para avanzar con el desarrollo del proceso.
Hasta ahora, las jornadas se realizan los lunes y viernes.
El juicio unificado por Hotesur y Los Sauces comprende a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y otros imputados.
Durante el debate se analizarán las acusaciones por presunto lavado de activos, asociación ilícita y dádivas vinculadas con las operaciones comerciales y patrimoniales investigadas.
