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Paraguay atraviesa un cambio de gobierno después de que el Congreso destituyera este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, en medio de una crisis política y financiera vinculada con el colapso de Ueno Bank. Su vicepresidente, Pedro Alliana, fue investido como nuevo jefe de Estado, en cumplimiento del mecanismo de sucesión establecido por la Constitución.
La salida de Peña se produjo después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político. Los 44 legisladores que participaron de la votación respaldaron la remoción del mandatario, quien había presentado previamente su renuncia sin conseguir que fuera aceptada por el Congreso.
Alliana, integrante del Partido Colorado, deberá conducir el país hasta el 15 de agosto de 2028, cuando finalizará el período presidencial iniciado en 2023.
La crisis política se profundizó después de que el Banco Central del Paraguay iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar graves problemas de solvencia.
La intervención de la entidad afectó el acceso a los depósitos de millones de clientes y generó cuestionamientos por la utilización de recursos estatales y fondos previsionales.
En ese contexto, legisladores opositores y sectores del oficialismo impulsaron un juicio político contra Peña por presunto mal desempeño de sus funciones.
El mandatario presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó y decidió continuar con el procedimiento de destitución.
Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Sus representantes cuestionaron los plazos del proceso, mientras que los legisladores resolvieron avanzar con el tratamiento.
Finalmente, el Senado aprobó su remoción y quedó habilitada la sucesión presidencial.
El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con la que Peña había mantenido vínculos comerciales antes de llegar a la Presidencia.
Según las acusaciones parlamentarias, durante su administración se habrían canalizado importantes recursos públicos hacia el banco, incluidos aproximadamente 355 millones de dólares provenientes de fondos previsionales.
Los legisladores también cuestionaron la supervisión de las autoridades financieras y denunciaron posibles conflictos de intereses.
Peña negó haber cometido irregularidades.
La Fiscalía paraguaya abrió investigaciones por presunta lesión de confianza y otros hechos relacionados con la administración de recursos públicos. La destitución política no constituye una condena penal.
Alliana pertenece a la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado. Fue diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados y titular de su partido antes de asumir la vicepresidencia en agosto de 2023.
El dirigente integra el sector Honor Colorado, vinculado con el expresidente Horacio Cartes, y formó parte de la fórmula presidencial que ganó las elecciones de 2023.
Su llegada al Ejecutivo no implica un cambio de partido gobernante, aunque se produce en medio de fuertes cuestionamientos a la administración saliente.
La Cámara de Diputados había rechazado el jueves un pedido de juicio político contra Alliana, por 48 votos contra 30, lo que permitió mantenerlo en la línea de sucesión presidencial.
La administración de Alliana deberá afrontar las consecuencias financieras de la caída de Ueno Bank, particularmente la situación de los ahorristas que todavía tienen dificultades para recuperar sus depósitos.
También deberá atender los reclamos de organizaciones sociales y sindicales, entre ellas sectores docentes preocupados por los recursos previsionales afectados por la crisis.
En el plano institucional, el Congreso tendrá que resolver la cobertura de la vicepresidencia, que queda vacante con la llegada de Alliana a la jefatura del Estado.
El nuevo mandatario asumirá mientras continúan las investigaciones judiciales sobre las decisiones que llevaron al colapso bancario y la utilización de fondos públicos.
