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El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves 19 de noviembre, desde las 11, con una agenda legislativa que incluye proyectos sobre discapacidad, propiedad privada y cooperación internacional en materia de patentes. El oficialismo y los bloques opositores acordaron el temario durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La sesión se realizará después del último encuentro en el recinto, celebrado el 29 de octubre, y tendrá como objetivo otorgar sanción definitiva a varias iniciativas que ya atravesaron el debate en la Cámara de Diputados.
Entre los asuntos previstos también figura la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para instalaciones deportivas y juegos de plaza. El proyecto surgió después de la muerte de un niño de 12 años durante un campamento en Junín de los Andes, Neuquén.
Uno de los principales proyectos que tratará el Senado introduce modificaciones en el régimen de protección de las personas con discapacidad.
El texto establece pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como una de las condiciones centrales para acceder al beneficio.
También contempla un nomenclador universal de prestaciones y un sistema de aranceles unificados.
Uno de los puntos incorporados durante el tratamiento en Diputados permite compatibilizar el cobro de la pensión con el empleo formal. Las personas alcanzadas podrán mantener la prestación si trabajan en relación de dependencia o están inscriptas en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La iniciativa garantiza, además, el acceso a las prestaciones básicas de salud previstas en la Ley 24.901 mediante el programa Incluir Salud.
Para financiar el sistema se identifican partidas específicas del Ministerio de Salud y se prevén compensaciones del Tesoro Nacional cuando los recursos resulten insuficientes.
En materia de controles, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante cruces de información con ANSES, ARCA, Renaper y otros organismos.
El proyecto también establece mecanismos de notificación y revisión ante eventuales suspensiones de beneficios.
Otro de los asuntos centrales será la reforma vinculada con la propiedad privada, que regresa al Senado después de los cambios introducidos en Diputados.
El texto recupera restricciones previstas en la legislación de 2011 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre sus principales disposiciones se encuentran un límite del 15% de titularidad extranjera, un máximo del 30% para personas de una misma nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
La iniciativa también modifica aspectos del régimen de expropiaciones.
Establece que la declaración de utilidad pública deberá identificar de manera concreta el objetivo perseguido y que la expropiación tendrá que resultar necesaria y proporcional.
En cuanto a las indemnizaciones, el proyecto contempla el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando pueda determinarse, y los daños directamente vinculados con la expropiación.
También incorpora disposiciones relacionadas con la regularización de inmuebles destinados a vivienda única y permanente, además de procedimientos para desalojos por falta de pago de alquileres.
El Senado también buscará completar la aprobación de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
El convenio forma parte de los compromisos incluidos en el entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos y está vinculado con acuerdos internacionales que involucran al Mercosur.
El proyecto volvió a la Cámara alta después de que Diputados introdujera modificaciones y dejara en reserva el capítulo II del tratado.
Esa decisión respondió a planteos de laboratorios nacionales, que expresaron reparos sobre los posibles efectos del mecanismo internacional de examen preliminar de patentes.
El sector advirtió que determinadas prácticas podrían favorecer extensiones de exclusividad sobre medicamentos mediante modificaciones secundarias de productos existentes.
También manifestó preocupación por las consecuencias que el sistema podría tener sobre las atribuciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
La agenda legislativa tendrá un capítulo directamente vinculado con Neuquén.
Se trata de la Ley Joaquín, impulsada después de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que sufrió un accidente el 5 de enero de 2026 durante un campamento en Junín de los Andes.
El menor resultó gravemente herido cuando un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo cayó sobre su cuerpo. Las lesiones le provocaron muerte encefálica.
El proyecto establece la obligatoriedad de medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o juegos de plaza.
La normativa alcanzará a instalaciones ubicadas tanto en espacios públicos como privados.
Entre sus disposiciones se exige que el equipamiento reúna condiciones adecuadas de estabilidad, anclaje y protección para evitar desprendimientos, vuelcos e impactos graves.
La iniciativa ya obtuvo dictamen en la comisión de Deportes del Senado y está incluida en el temario para su sanción definitiva.
Durante la sesión también podrían avanzar las designaciones de representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura.
Los jefes de los bloques mayoritarios, José Mayans y Patricia Bullrich, continuaban las conversaciones para definir la distribución de los cuatro lugares correspondientes a la Cámara alta.
La Unión Cívica Radical ya propuso al senador bonaerense Maximiliano Abad para ocupar uno de esos cargos.
Además, el temario contempla un proyecto sobre transporte de cargas por agua y cabotaje, orientado a ampliar la participación de operadores y simplificar procedimientos administrativos.
También se prevé tratar una iniciativa que obliga a instituciones deportivas, educativas, recreativas y otras entidades que trabajan con menores de edad a implementar protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de violencia.
La agenda podría incorporar designaciones en el Comité contra la Tortura, tratados internacionales y el tratamiento de un pliego de ascenso militar.
Por su parte, sectores de la oposición evalúan solicitar el tratamiento del proyecto sobre ludopatía que ya cuenta con aprobación de Diputados.