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Las diferencias dentro del movimiento sindical por la estrategia frente al gobierno de Javier Milei comenzaron a traducirse en acciones independientes de distintos sectores gremiales. Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una tregua hasta que finalice la visita del papa León XIV a la Argentina, las organizaciones del transporte y la industria decidieron impulsar iniciativas propias.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) participará este miércoles de la habitual movilización de jubilados frente al Congreso Nacional, mientras que la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) pondrá en marcha el jueves una campaña nacional para visibilizar la situación de la producción y el empleo.
A estas iniciativas se suma la decisión de unos 50 sindicatos vinculados con el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo de acudir a la Justicia para reclamar fondos destinados al sistema de obras sociales sindicales.
Las medidas no implican una ruptura con la CGT, pero muestran diferencias respecto de los tiempos y las herramientas de protesta elegidas por su conducción.
La conducción de la central obrera analiza convocar a una medida de fuerza antes de que termine el año, aunque por el momento no tiene previsto un paro general.
Entre las alternativas que se encuentran bajo evaluación figura una interrupción de actividades de dos o cuatro horas, además de la realización de un acto en un estadio de fútbol para ejercer presión sobre la dirigencia del Partido Justicialista.
Estas iniciativas se concretarían después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Hasta ahora, la CGT priorizó las movilizaciones callejeras y evitó avanzar con una huelga nacional contra la administración libertaria.
La decisión genera diferencias con sectores que consideran necesario mantener una presencia más activa en las protestas contra las políticas oficiales.
La CATT, encabezada por Juan Carlos Schmid, resolvió participar este miércoles de la movilización que los jubilados realizan frente al Congreso.
La organización prepara una columna propia y no descarta sumarse a futuras manifestaciones contra el Gobierno.
La decisión cuenta con el acompañamiento de sectores sindicales vinculados con Camioneros, aeronavegantes, pilotos y trabajadores marítimos y fluviales.
Schmid integra el sector más confrontativo del sindicalismo, aunque la participación en la marcha no supone un alejamiento de la CGT.
Los gremios del transporte buscan expresar públicamente su rechazo a determinadas políticas oficiales sin depender exclusivamente de las decisiones de la conducción nacional.
La marcha de jubilados del 22 de julio había formado parte del plan de movilizaciones impulsado por la propia CGT. Sin embargo, desde entonces la central evitó convocar a un paro general.
La Confederación de Sindicatos Industriales, presidida por Ricardo Pignanelli, titular de SMATA, eligió una modalidad diferente para manifestar su preocupación por la situación productiva.
Junto con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), organizará una jornada nacional que comenzará este jueves 5 de noviembre, a las 12.
La iniciativa se desarrollará en fábricas, talleres, comercios y empresas de distintas provincias bajo la consigna “Defender la producción nacional para defender tu trabajo”.
La propuesta consiste en que trabajadores, empresarios y emprendedores graben videos breves para explicar dónde trabajan, qué producen y qué actividades desarrollan.
El material será difundido a través de redes sociales, cuentas personales y espacios institucionales con el hashtag #QueremosTrabajar.
Los organizadores buscan mostrar las consecuencias que tiene sobre el empleo el cierre de establecimientos productivos y destacar la importancia de las pequeñas y medianas empresas.
Entre las organizaciones que participan se encuentran sindicatos metalúrgicos, alimenticios, mineros, textiles, cerveceros, petroleros privados, químicos y petroquímicos, aceiteros, gráficos, ceramistas, plásticos y trabajadores de la industria de la carne, entre otros.
La convocatoria también incluye a gremios vinculados con la producción de vidrio, cuero, papel y productos lácteos.
En paralelo, alrededor de 50 sindicatos impulsados por Luis Barrionuevo preparan una presentación judicial conjunta para exigir la liberación de recursos destinados a las obras sociales.
El reclamo apunta a fondos que, según las organizaciones sindicales, permanecen retenidos por el Ministerio de Economía y deberían ser restituidos al sistema de salud gremial.
La iniciativa se produce en medio de las dificultades financieras que atraviesan numerosas obras sociales.
La CGT también expresó preocupación por la situación y llegó a describir la crisis del sistema como “casi terminal”, aunque todavía no adoptó una medida específica para exigir la devolución de los recursos.
La presentación judicial de los sindicatos vinculados con Barrionuevo representa otra iniciativa impulsada por fuera de las decisiones de la conducción cegetista.
Las distintas modalidades de protesta también responden a las dificultades que enfrentan las organizaciones sindicales para convocar a huelgas.
Entre los factores que evalúan los dirigentes aparecen los descuentos salariales que pueden sufrir los trabajadores por los días no trabajados y la pérdida de adicionales por presentismo.
A esto se suman las restricciones establecidas por la Ley de Modernización Laboral para las medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales o trascendentales.
La normativa contempla la obligación de garantizar prestaciones mínimas del 50% o del 75%, según el tipo de servicio.
En ese contexto, algunas organizaciones comenzaron a priorizar movilizaciones, acciones judiciales y campañas de difusión que no requieren la paralización de actividades.
Mientras la CGT mantiene pendiente la definición de su próximo plan de lucha, los gremios del transporte, la industria y otros sectores sindicales avanzan con iniciativas propias frente al Gobierno nacional.
