El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
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Las comisarías de Neuquén capital atraviesan una situación crítica debido a la sobrepoblación de personas privadas de su libertad, con instalaciones que superan ampliamente su capacidad de alojamiento. Un relevamiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) revela que actualmente se utilizan dependencias policiales como establecimientos penitenciarios, pese a que no cuentan con la infraestructura necesaria.
De acuerdo con los datos actualizados al 17 de julio de 2026, las comisarías de la capital provincial alojaban a 181 personas, aunque disponían de solamente 72 plazas habilitadas. Esto representa una ocupación del 251,4% y significa que había 109 detenidos por encima de la capacidad establecida para esos establecimientos.
Uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento es que el 63% de las personas alojadas ya había recibido una condena, por lo que debería cumplir su pena en establecimientos penitenciarios. Esta situación obliga a la Policía de Neuquén a asumir tareas de custodia permanente que exceden sus funciones habituales de prevención e investigación del delito.
El Monitor Federal de Presos en Comisarías, elaborado por el INECIP a partir de información de la División Coordinación Detenidos Procesados, permite conocer la composición de la población alojada en las dependencias policiales. Además de los condenados, se contabilizaron 63 personas procesadas, equivalentes al 34,8% del total, una persona arrestada por cinco días y otras tres que aguardaban una audiencia de formulación de cargos.
La permanencia de personas condenadas en establecimientos policiales evidencia que las comisarías dejaron de funcionar exclusivamente como lugares de detención transitoria. En numerosos casos, estos espacios se utilizan para alojamientos prolongados, pese a que sus instalaciones fueron diseñadas para permanencias breves y no para el cumplimiento de penas privativas de libertad.
La problemática también afecta directamente al funcionamiento de la fuerza policial, que debe destinar personal y recursos a la vigilancia, alimentación y seguridad de los detenidos. Estas responsabilidades demandan una organización permanente y reducen la disponibilidad de efectivos para otras tareas vinculadas con la seguridad pública.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT) también documentó el deterioro de las condiciones de alojamiento en las dependencias policiales neuquinas. En su Informe Anual 2025 registró que, al 1 de diciembre de ese año, había 218 personas detenidas en comisarías, equivalentes al 27,4% de las 796 personas privadas de su libertad en toda la provincia.
El mismo organismo advirtió que la cantidad de personas alojadas en establecimientos policiales aumentó casi un 33% entre 2024 y 2025, una evolución que refleja las dificultades del sistema para disponer de plazas penitenciarias suficientes. Frente a este escenario, el Comité caracterizó el funcionamiento de las comisarías como un subsistema informal de encarcelamiento.
La situación genera consecuencias tanto para quienes permanecen detenidos como para los efectivos responsables de su custodia, debido a que los espacios disponibles resultan insuficientes para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento. La concentración de personas en instalaciones reducidas también incrementa las posibilidades de conflictos internos y dificulta las tareas cotidianas de vigilancia.
Durante junio de 2026, la Policía de Neuquén reconoció que la sobreocupación de las dependencias provoca inconvenientes en los sistemas cloacales y eléctricos, además de una marcada insuficiencia de camas. Como consecuencia, algunas personas detenidas deben dormir sobre colchones colocados directamente en el piso, en espacios que no fueron preparados para recibir semejante cantidad de ocupantes.
Los informes también mencionan dificultades de convivencia, episodios de violencia y motines registrados en determinadas comisarías, situaciones que aumentan los riesgos para detenidos y personal policial. La falta de espacios apropiados complica las intervenciones ante emergencias y limita las posibilidades de mantener condiciones de seguridad dentro de los sectores de alojamiento.
Por su parte, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura identificó deficiencias estructurales relacionadas con la ventilación, iluminación, instalaciones sanitarias y conexiones eléctricas, además de la ausencia de espacios comunes. A estas limitaciones se suma la imposibilidad de desarrollar regularmente actividades educativas, laborales y recreativas, necesarias para quienes deben cumplir condenas prolongadas.
El Monitor Federal de Presos en Comisarías forma parte de la campaña nacional denominada “No más presos en comisarías”, impulsada por el INECIP para visibilizar las condiciones de detención en dependencias policiales y alcaidías. La iniciativa reúne información de distintas jurisdicciones y busca promover medidas que permitan reducir la utilización de estos establecimientos como lugares de encarcelamiento permanente.
La organización advierte que la permanencia prolongada de personas detenidas en instalaciones inadecuadas puede derivar en condiciones crueles, inhumanas o degradantes, y remarca la responsabilidad de las autoridades judiciales de prevenir estas situaciones. También plantea la necesidad de que los organismos estatales adopten medidas para garantizar alojamientos compatibles con los derechos de las personas privadas de su libertad.
En Neuquén capital, las cifras del relevamiento de julio muestran una situación especialmente comprometida, con una ocupación que supera dos veces y media la capacidad habilitada. La elevada proporción de personas condenadas alojadas en comisarías expone las dificultades del sistema penitenciario para absorber esa población y la creciente utilización de instalaciones policiales para funciones que no les corresponden.
