El gobernador de Río Negro criticó que el dinero recaudado a través del combustible no se reinvierte en la infraestructura vial. Propuso transferir la gestión de las rutas a las provincias si el gobierno nacional no responde.
En un nuevo reclamo público por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó la política del gobierno nacional y denunció que los impuestos recaudados a través del combustible no tienen correlato en obras viales en la región.
“Cada vez que cargamos nafta, el 50% del valor son impuestos, y toda esa plata queda en manos del Estado nacional. Es dinero que debería destinarse a las rutas, pero en nuestras provincias no vemos un solo peso de esa recaudación”, afirmó el mandatario durante el Primer Encuentro para el Desarrollo de la Norpatagonia, realizado en conjunto con la provincia de Neuquén.
Weretilneck aseguró que la provincia presentó tres propuestas concretas ante Nación para resolver el deterioro de la infraestructura vial:
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Provincializar las rutas nacionales, asumiendo la titularidad y el mantenimiento.
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Transferir la operación y conservación, sin modificar la titularidad pero permitiendo la gestión local.
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O bien, recibir una respuesta concreta y efectiva del gobierno nacional para ejecutar obras directamente.
“No podemos seguir esperando. Las rutas están destruidas, se pierden vidas, se dañan vehículos, y el Estado nacional mira para otro lado. El interior sigue siendo invisible para ellos”, señaló con dureza el gobernador.
El reclamo se da en un contexto de creciente malestar en las provincias patagónicas por la paralización de obras clave, como el caso de la Ruta Nacional 22, cuyo deterioro generó múltiples protestas de intendentes y vecinos.
El encuentro entre Río Negro y Neuquén también dejó un compromiso de ambos gobiernos para trabajar de forma coordinada en la gestión de recursos y en la administración de rutas compartidas, ante la falta de acción de Nación. Según Weretilneck, si no hay una solución desde el Ejecutivo nacional, las provincias deberán avanzar con sus propios recursos para garantizar la seguridad vial.
