Desde el entorno de Weretilneck aseguran que no hay impacto inmediato en los proyectos estratégicos como el oleoducto Vaca Muerta Sur o el plan de exportación de GNL. La provincia nunca recibió la porción accionaria que establecía la ley de expropiación.
El gobierno de Río Negro sigue de cerca el fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordenó al Estado argentino entregar el 51% del paquete accionario de YPF a los demandantes del juicio por la expropiación de 2012. Si bien la sentencia generó repercusión en todo el país, desde el entorno del gobernador Alberto Weretilneck transmitieron calma y aseguran que no hay riesgos inmediatos para los grandes proyectos energéticos en marcha en la provincia.
Río Negro tiene en juego desarrollos clave como el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que unirá el corazón de la formación no convencional con Punta Colorada, y el plan de exportación de gas natural licuado (GNL) desde la costa atlántica. Ambas iniciativas tienen participación de YPF, pero también del sector privado y otras operadoras. Por eso, la evaluación es que el fallo judicial no modifica en lo inmediato el escenario de inversiones.
Además, desde el Ejecutivo rionegrino recuerdan que, pese a lo dispuesto por la Ley 26.741 —que estableció la expropiación del 51% de las acciones de YPF— las provincias nunca llegaron a recibir el 49% restante que estaba previsto para ser distribuido entre los integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPhI), entre ellos Río Negro.
“Ese reparto quedó en el papel. Si se hubiera concretado, hoy el panorama sería muy distinto”, señalan fuentes oficiales. La norma estipulaba que la cesión debía tener en cuenta el nivel de producción y reservas comprobadas de cada jurisdicción, pero nunca fue reglamentada de manera efectiva.
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Gobierno Nacional solicitó la suspensión del fallo de Preska para evitar una ejecución inmediata y alista una apelación formal. En paralelo, los equipos técnicos de las provincias analizan los alcances de la sentencia, que según distintos juristas tiene escasa viabilidad sin la aprobación del Congreso, que debería autorizar la transferencia de acciones con mayoría agravada.
En este contexto, desde el gobierno rionegrino sostienen que la prioridad es garantizar condiciones para que no se frene la llegada de inversiones, más allá del litigio judicial. “El foco está en sostener la agenda energética y de infraestructura que Río Negro definió como estratégica para su desarrollo”, remarcaron.
