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La situación se registró durante la noche del sábado 17 de enero, cuando una fiesta electrónica se realizó en una chacra sobre calle 9, al norte de la ciudad. Según relataron testigos, incluso a las 8 de la mañana todavía había autos estacionados a los costados del camino rural y se observaron residuos dispersos en la vía pública, lo que sumó malestar entre quienes viven y trabajan en la zona.
Un reclamo que se repite: “la música al volumen que ponen es una falta de respeto”
Uno de los testimonios más contundentes fue el del productor Carlos Iacono, de la chacra Flor Dorada, quien aseguró que desde hace años impulsan una prohibición por ordenanza para evitar que se realicen fiestas al aire libre en áreas rurales. En su planteo, el principal problema es el impacto directo sobre la vida cotidiana y el trabajo: “La música con tan alto volumen es una falta de respeto para los que trabajamos a la mañana”, sostuvo.
El productor también reclamó sanciones más severas y advirtió sobre el clima social que se genera en el barrio cuando estos episodios se repiten. “Tiene que haber una sanción muy fuerte”, afirmó, y expresó que la falta de herramientas concretas hace crecer el enojo de los vecinos. “Hasta los más buenos piensan en represalias y no queremos eso”, señaló, al insistir en la necesidad de una regulación clara.
La municipalidad reconoce límites para intervenir sin orden judicial
Desde el Ejecutivo municipal, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alicia Mannucci, explicó que este tipo de fiestas funcionan con una lógica clandestina que dificulta el control preventivo. Según describió, los organizadores no piden habilitación ni ingresan solicitudes por los canales formales, lo que deja al municipio sin margen para anticiparse y garantizar condiciones mínimas de seguridad.
En ese marco, Mannucci remarcó que el municipio no tiene autoridad para clausurar un evento sin orden judicial. “Podemos ponernos en la entrada, pedir documentación en vía pública y advertir a los usuarios que es un evento que no está habilitado”, indicó. Y agregó una frase que refleja el desafío: “A la gente no le importa que sea clandestino, hasta les atrae”.
La modalidad que complica los controles: ubicación solo para quienes ya pagaron
Según la funcionaria, estas fiestas suelen operar con un sistema donde la dirección exacta se envía únicamente a quienes ya compraron la entrada. Esa dinámica vuelve casi imposible que el Estado detecte con anticipación el lugar donde se montará el evento. Por eso, Mannucci consideró clave el rol de la denuncia vecinal para poder intervenir a tiempo y activar mecanismos de control y prevención.
En casos formales, explicó, el municipio puede notificar a organismos como Bomberos o el hospital local para reforzar condiciones de seguridad. Pero en eventos clandestinos esa coordinación se vuelve reactiva y limitada, ya que se toma conocimiento cuando la fiesta ya está en marcha.
No es solo ruido: el impacto también es productivo y ambiental
El conflicto no se reduce a los ruidos molestos. Desde el municipio sostienen que las fiestas generan efectos sobre la actividad rural y la salud de los animales. Mannucci explicó que la vibración perjudica a las abejas, un punto especialmente sensible en una zona donde hay apicultores trabajando. Además, señaló que no todas las actividades son compatibles con un área rural, y recordó antecedentes de conflictos con empresas que realizaron tareas que afectan el aire y el suelo productivo.
En esa línea, insistió en que “la zona rural no es para cualquier actividad” y advirtió que las consecuencias no son menores: “No solo es una contravención administrativa, porque están perjudicando una zona que hace 100 años produce alimentos”.
Ordenanza en debate y multas desactualizadas: el punto que buscan corregir
Tanto productores como autoridades coinciden en que el marco sancionatorio actual es insuficiente. Desde la municipalidad reconocieron que el valor de las multas está desactualizado y debería incrementarse para desalentar la repetición de estos eventos. Actualmente, una multa por ruidos molestos en Centenario puede oscilar entre un millón y 20 millones de pesos, pero aseguran que el esquema necesita actualización y un régimen más específico.
Mannucci afirmó que esperan avanzar con una ordenanza que permita regular o directamente prohibir las fiestas electrónicas en zona productiva, además de reforzar el pedido al Poder Judicial para que acompañe con mayor celeridad los operativos destinados a sancionar eventos clandestinos.
Un conflicto que vuelve a instalarse en pleno verano
El regreso de estas fiestas en chacras reabre una discusión que en Centenario ya lleva años: cómo compatibilizar el uso del suelo, el derecho al descanso, la seguridad y la protección de un área que todavía sostiene producción. En el medio, vecinos y productores reclaman reglas claras para evitar que la temporada alta vuelva a convertirse en un escenario de tensión permanente.
