La Cámara Federal de Casación Penal anuló este martes las condenas que pesaban sobre seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por las ocupaciones de terrenos en Villa Mascardi y resolvió absolverlos al considerar que no existen pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos investigados.
La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, al revisar la sentencia que había dictado en mayo de 2024 el Tribunal Oral Federal de General Roca.
En aquel fallo, el juez Alejandro Silva había condenado a Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romisa Rosas, Matías Daniel Santana, Yéssica Fernanda Bonnefoi y María Celeste Ardaiz Guenumil por la ocupación de dos predios ubicados en Villa Mascardi: el exhotel de Parques Nacionales y el lote privado conocido como La Escondida.
Sin embargo, la Cámara entendió que la acusación no logró demostrar con el grado de certeza exigido en materia penal que los imputados hayan sido quienes concretaron el despojo de los terrenos.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la valoración de la prueba. Los camaristas señalaron que los testigos describieron la presencia de personas encapuchadas durante los episodios investigados, pero sin poder identificar a los autores. También remarcaron que el hallazgo posterior de pertenencias personales de los acusados en los predios ocupados no alcanza para acreditar que participaron de la toma inicial.
Para la mayoría del tribunal, la sentencia condenatoria presentó defectos en su fundamentación y no logró vincular de manera directa a los imputados con la ejecución de las usurpaciones.
Además, los jueces Slokar y Ledesma destacaron que el conflicto de Villa Mascardi estuvo atravesado por una disputa territorial vinculada a reclamos indígenas y recordaron que durante el gobierno nacional anterior existieron instancias de diálogo y acuerdos con representantes de la comunidad, lo que, a su criterio, generó un escenario de complejidad que debía ser ponderado al momento de analizar la existencia de intención delictiva.
Los hechos investigados se remontan a 2018, cuando autoridades de la Administración de Parques Nacionales y propietarios particulares denunciaron la ocupación de terrenos en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. El conflicto se extendió durante varios años y derivó en numerosos episodios de tensión hasta el desalojo ordenado por la Justicia Federal y ejecutado en octubre de 2022.
Pese a esta resolución, otra causa vinculada a la ocupación de terrenos de Parques Nacionales en la misma zona mantiene condenas vigentes contra integrantes de la comunidad. Ese expediente siguió un recorrido judicial diferente y actualmente se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la presentación de recursos por parte de las defensas.
