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Un corte protagonizado por trabajadores vinculados al municipio de Junín de los Andes en la Ruta Nacional 40 derivó este lunes en un fuerte operativo de desalojo por parte de fuerzas federales, que avanzaron para liberar el tránsito en uno de los corredores más transitados del sur neuquino durante la temporada de verano.
La protesta se extendió desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, cuando efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal intervinieron para despejar la calzada. El procedimiento elevó el nivel de tensión y generó escenas de empujones, golpes e insultos, registradas en videos que circularon rápidamente por redes sociales.
El corte se desarrollaba a la altura del río Curruhué, en el tramo que conecta Junín de los Andes con San Martín de los Andes, una vía estratégica tanto para residentes como para turistas que se desplazan hacia la cordillera.
Un operativo que aplicó el protocolo antipiquetes
Según relataron testigos y medios locales, el avance de las fuerzas federales se produjo luego de varias horas de interrupciones parciales del tránsito, que los manifestantes liberaban cada dos horas. Con el correr del día, el cordón policial se cerró sobre los trabajadores que permanecían sobre la cinta asfáltica.
El procedimiento fue interpretado como la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la libre circulación. En las imágenes difundidas se observan forcejeos, empujones y el uso de elementos disuasivos para desalojar a quienes sostenían el reclamo.
El operativo logró finalmente liberar la Ruta 40, aunque dejó un clima de fuerte malestar entre los manifestantes y generó preocupación por el uso de la fuerza en un contexto de protesta social.
El reclamo salarial detrás del corte
La interrupción del tránsito fue impulsada por personas que cumplen tareas en el municipio bajo un programa de entrenamiento laboral y contención social. Según explicó Azucena Quintriqueo, representante zonal de ATE, alrededor de 500 personas se encontraban de paro y una parte de ese grupo decidió avanzar con el corte de ruta.
El eje del reclamo es una recomposición salarial. Actualmente, los beneficiarios del programa perciben haberes de aproximadamente $262.000 y exigen llevar ese monto, al menos, a $500.000, para luego aplicar actualizaciones por inflación.
Desde el sector que protesta señalaron que las negociaciones con la intendencia no arrojaron resultados concretos durante la reunión mantenida la semana pasada, lo que derivó en la medida de fuerza.
La postura del municipio de Junín de los Andes
Desde el gobierno municipal, que conduce el intendente Luis Madueño, aclararon que las personas que protagonizaron el corte no son trabajadores de planta permanente, sino beneficiarios de un plan creado por ordenanza en 2013, con fines de inclusión laboral y contención social.
Según detallaron, ese programa llegó a tener más de 800 personas y actualmente alcanza a 357 beneficiarios, muchos de los cuales realizan tareas en áreas como maestranza, seguridad y administración. Desde el Ejecutivo local afirmaron que el pedido salarial es “imposible de afrontar” para las finanzas municipales.
Indicaron además que cerca del 85% del presupuesto del municipio se destina al pago de salarios y que el costo mensual del programa ronda los 101 millones de pesos. A modo de contraste, señalaron que ese monto equivale al adoquinado de unas 20 cuadras por año.
Un conflicto que sigue abierto
Pese al desalojo y la liberación de la Ruta 40, el conflicto dista de estar resuelto. El reclamo salarial continúa sin acuerdo y la intervención de fuerzas federales sumó un nuevo elemento de tensión a una disputa que combina precarización laboral, limitaciones presupuestarias y alta sensibilidad social.
El episodio volvió a poner en foco el impacto de las protestas sobre rutas estratégicas en plena temporada turística y el modo en que el Estado responde ante este tipo de manifestaciones, en un contexto de creciente conflictividad social en distintas regiones del país.
