Dólar oficial $1.580 – Dólar Turista $2.054 – Dólar blue $1.635 – Dólar MEP $1.627,55 – Contado con Liqui $1.718,16 – Riesgo País 843

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Vicuña adjudicó tres campamentos para trabajadores del proyecto minero en San Juan, mediante contratos con empresas argentinas. Las instalaciones acompañarán la construcción del Corredor Norte y tendrán capacidad conjunta para alojar a 1.350 personas. La decisión reabrió cuestionamientos empresariales porque parte de los módulos contratados se fabricaría completamente fuera de Argentina.
Modular Homes construirá el complejo de Piedras Pintadas, mientras BMI Constructora desarrollará La Jarilla y La Majadita. Cada establecimiento tendrá 450 plazas y deberá completarse entre el primero y segundo trimestre del próximo año. La empresa prevé aproximadamente 470 empleos directos durante las obras, aunque todavía no detalló la inversión comprometida.
El proyecto minero integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera sanjuanina argentina. Los campamentos ofrecerán alojamiento, comedores, atención médica, energía y servicios básicos necesarios para operar en zonas remotas. La contratación se suma a otras obras de infraestructura destinadas a facilitar los accesos al emprendimiento minero.
La Cámara Argentina de Construcción Modular cuestionó que dos campamentos mineros recurran a módulos fabricados en Chile. Su presidente, Juan Pablo Rudoni, señaló que BMI contrataría estructuras de Tecnofast y realizaría tareas de montaje. La entidad sostiene que contratar firmas argentinas no garantiza fabricación nacional ni desarrollo industrial dentro del país.
La controversia comenzó varios meses atrás, cuando Vicuña contrató un consorcio vinculado con la firma china PowerChina. Aquella adjudicación contemplaba módulos habitacionales fabricados en China, mientras una empresa argentina asumía trabajos de montaje local. Vicuña defendió entonces la selección por criterios técnicos, plazos, seguridad y costos de ejecución del contrato original.
San Juan aprobó durante julio una ley orientada a promover el empleo y las contrataciones mineras locales. La norma fija determinados objetivos de participación provincial, sujetos a condiciones de competitividad para las empresas proveedoras. Las nuevas adjudicaciones mantienen abierto el debate sobre cuánto valor industrial permanecerá efectivamente dentro del territorio argentino.