Los planteos del gobierno de crear un registro de médicos objetores de conciencia o la reforma de la Constitución avivaron las tensiones entre el PSOE y la derecha.
Un extraño “síndrome post aborto”, agitado desde la oposición, agravó la pelea.
“¡Váyanse a otro lado a abortar!”, estalló en la sesión del Parlamento regional la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a un requerimiento legal del presidente Pedro Sánchez: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia tal como lo establece la ley de interrupción voluntaria del embarazo que España aprobó en 2023.
“No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo”, afirmó Díaz Ayuso.
En las últimas semanas el aborto avivó la hoguera de antagonismos entre el PSOE que lidera Pedro Sánchez y la derecha del Partido Popular y de Vox.
El puntapié inicial lo dio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular (PP), cuando, a principios de octubre, apoyó en voz alta que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en centros de salud públicos debían ser “informadas” acerca de una serie de posibles efectos colaterales denominado “síndrome post aborto”.
La propuesta había surgido de Vox, el partido a la derecha del PP, en una sesión municipal en la que los concejales aprobaron que el ayuntamiento de la capital “proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el síndrome post aborto”.
La oposición le saltó a Martínez-Almeida a la yugular. Porque, según los especialistas, no hay pruebas científicas de que exista un síndrome post aborto. Y por haber cedido a las ideas de Vox, la fuerza que lidera Santiago Abascal y de la que al PP le cuesta cada vez más desmarcarse.
“Me extraña que alguien se oponga a que se pueda dar información cuando se tiene que tomar una decisión tan complicada y tan difícil como es el aborto”, se defendió el jefe de gobierno de Madrid.
Y mientras la concejal de Vox Carla Toscano definía al supuesto síndrome enumerando la catarata de males que acarrea -“Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado”-, la Sociedad Española de Contracepción (SEC) emitía un comunicado para desmentirlo.
“No existe una evidencia científica que respalde dicha entidad -aclaraba la SEC-. Carece por tanto de fundamento la necesidad de informar de este concepto a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo.”
“La mayoría de las mujeres que demandan una interrupción de embarazo tienen ya su decisión tomada y no presentan ningún problema psicológico previo ni posterior al procedimiento -postulaban en el comunicado-. Se les debe proporcionar una información científica y profesional, alejada de postulados ideológicos, y debe evitarse su infantilización sistemática a la hora de tomar decisiones sobre su propia salud”.
“Es un despropósito”
“Tener que informar sobre un síndrome que no existe no tiene ninguna razón”, dice a Clarín Abel Renuncio Roba, vocero de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).
“Todo lo que se ha ido generando sobre el supuesto síndrome post aborto es un despropósito”, agrega el médico Renuncio Roba, que es ginecólogo y obstetra.
“Síntomas de este tipo se pueden presentar en mujeres embarazadas, en mujeres embarazadas que interrumpen su embarazo, igual que en cualquier otra mujer -aclara-. Es decir que no hay unas características específicas o una patología específica mayor en estas mujeres frente a otras mujeres que pueden presentar unas situaciones estresantes vitales similares al deseo de interrumpir un embarazo o una pérdida de un embarazo deseado, por ejemplo”.
El médico se lamenta: “Con este tipo de desinformaciones dirigidas a públicos tan vulnerables, como mujeres embarazadas que quieren interrumpir su embarazo, estamos induciéndoles un daño gratuito en uno de los momentos más vulnerables que pueden tener en sus vidas”.
Y agrega: “Muchas veces percibimos también que hay una infantilización de la mujer, como si la sociedad o las administraciones debieran velar por esa información que la mujer debe recibir; como si la mujer no fuese capaz de buscar por sí misma esa información o no tuviese las herramientas para informarse.”
¿Reforma constitucional?
Desde el gobierno, Pedro Sánchez subió la apuesta y desempolvó una propuesta que su partido presentó hace más de una década y que no tiene ninguna posibilidad de concretarse hoy: reformar la Constitución para resguardar el derecho al aborto.
“Llevar al Parlamento una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, anunció el presidente del gobierno de coalición progresista sabiendo que no tiene posibilidades de ver la luz, según la actual conformación del Parlamento español.
Porque una reforma constitucional requiere contar con la aprobación de tres quintos de los diputados y de los senadores, una mayoría que sólo se lograría si el PP diera su voto favorable, movida impensada en el tablero político de España hoy.
Registro de objetores de conciencia
El paso siguiente de Sánchez fue enviar un requerimiento formal a las comunidades autónomas que aun no implementaron el registro de personas objetoras de conciencia frente al aborto que figura en la ley aprobada hace dos años.
“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, dice la carta que envió el jefe del gobierno a los presidentes autonómicos de Madrid, de Aragón, de Asturias y de Baleares, territorios gobernados -excepto Asturias- por el PP.
Respecto del registro de médicos objetores de conciencia, el portavoz de la SEC considera que es una herramienta necesaria. “Es la única manera que se tiene de conocer al personal disponible con el que se puede contar para realizar este servicio sanitario -opina el vocero de la SEC-. Y, por otro lado, esto permite organizar la necesidad asistencial. Porque recordemos que la interrupción de embarazo está recogida dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, entonces debe darse una cobertura dentro de la sanidad pública.”
Madrid se niega
Díaz Ayuso, la más combativa, no sólo se negó a crear la lista de objetores de conciencia sino que, en el Parlamento regional de Madrid, increpó a la oposición al PP: “Cada año se abortan en España a 106 mil personas -dijo la presidenta madrileña-. En diez años, desde que ustedes (los partidos progresistas de izquierda) llegaron a la política, se ha abortado en España a un millón. ¿Les parece poco? ¿Quieren más?”
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intentó mediar a través de una carta en la aclara su postura: “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”.
“Isabel, Alberto tiene una carta para ti”, ironizó en sus redes sociales Pedro Sánchez. Y reposteó el tuit de Núñez Feijóo.
Dificultades en la aplicación de la ley
Para la SEC, la aplicación de la ley del aborto en España es “desigual”.
“En la Comunidad de Madrid, que ahora ha estado un poco en el centro de las diferentes polémicas, las interrupciones de embarazo que se realizan dentro de la sanidad pública son escasamente el 0,47 por ciento (de los abortos en ese territorio)”, ejemplifica el vocero de la SEC Renuncio Roba.
“Hay provincias actualmente donde no hay un centro que realice interrupciones voluntarias del embarazo dentro de la sanidad pública y esto obliga a las mujeres a tener que desplazarse”, agrega.
En el barrio madrileño de Tetuán, la clínica Dator es un centro ginecológico privado autorizado para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. En la esquina de la clínica suele haber grupos que intentan disuadir a las mujeres que están considerando abortar.
“No estás sola, podemos ayudarte”, dice el cartel que se colgó una voluntaria de la organización 40 Días por la Vida mientras sostiene un rosario y reza.
