Un informe de la ACIJ revela que, a pesar del aumento en las ganancias de las empresas petroleras, los ingresos fiscales anuales han disminuido, lo que plantea interrogantes sobre la distribución de la renta petrolera.
Un reciente informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) destaca el notable crecimiento del yacimiento no convencional de Vaca Muerta en Neuquén. Si bien las empresas del sector han duplicado sus ganancias desde 2000, los ingresos fiscales del Estado han disminuido considerablemente, planteando interrogantes sobre la distribución de la renta petrolera.
2023 se consolidó como el año más productivo para Vaca Muerta en términos de punciones en el área productiva, reflejando el potencial de esta rica zona en hidrocarburos. Sin embargo, la ACIJ subraya que, a pesar de este crecimiento, la participación del Estado en la renta petrolera se ha reducido, a diferencia de la tendencia observada en otros países de la región, como Brasil, Colombia y México, donde la carga fiscal sobre el sector ha aumentado.
Los incentivos fiscales otorgados a las empresas, que incluyen regalías provinciales, impuesto a las ganancias y retenciones a las exportaciones, se han modificado de manera desordenada. Esta situación ha llevado a que, mientras las ganancias anuales de las compañías se incrementaron de aproximadamente 3.400 millones de dólares a 6.700 millones, los ingresos fiscales cayeran de 5.400 millones a 2.700 millones.
Desde 2014, las políticas de estímulo implementadas han contribuido a una disminución de la participación del Estado en la renta petrolera. Las regalías, que permiten a las provincias atraer inversiones, presentan desigualdades en la percepción de ingresos por parte del Estado, especialmente en épocas de precios bajos del petróleo, donde los ingresos se ven limitados.
Asimismo, la ACIJ destaca el impacto de los subsidios otorgados a Vaca Muerta para incentivar la producción. Si bien estos subsidios han generado empleo y promovido la inversión en dólares, también han limitado la capacidad del Estado para captar una mayor parte de la renta. Desde el acuerdo YPF-Chevron en 2013, las transferencias a las compañías petroleras han aumentado, facilitando un entorno favorable para la inversión extranjera.
Sin embargo, se señala que, a pesar de estos incentivos, Argentina necesitará entre 15 y 20 plataformas de perforación adicionales para alcanzar una producción de 1 millón de barriles diarios para 2032. El proyecto Vaca Muerta Sur de YPF se perfila como uno de los beneficiarios inmediatos de estas políticas.
En un contexto de actividad reducida en Estados Unidos y precios internacionales competitivos para la producción no convencional, Vaca Muerta continúa siendo una pieza clave en el desarrollo energético del país, aunque el desafío para el Estado radica en asegurar una adecuada participación en la renta generada por este importante recurso.
