Los rectores y sectores opositores cuestionan la medida: el presupuesto no cubrirá los 7,2 billones solicitados para salarios y gastos de mantenimiento, y se mantiene el rechazo a la ley de financiamiento docente y educativo.
En 2026, las universidades nacionales recibirán un total de 4,8 billones de pesos, según lo previsto en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, esta cifra representa un monto menor al solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había pedido 7,2 billones de pesos para cubrir salarios y gastos operativos, generando cuestionamientos de rectores, docentes y sectores opositores.
El Gobierno informó que no aplicará la ley sancionada por el Congreso, que establecía un mecanismo de actualización progresiva de recursos para las universidades. La decisión mantiene la asignación de fondos sujeta únicamente al presupuesto anual y no a los parámetros automáticos establecidos previamente.
Críticas de rectores y opositores
Los rectores advirtieron que la partida presupuestaria es insuficiente para sostener la operación de las universidades y garantizar la recomposición salarial del personal docente y no docente. Desde los sectores opositores, señalaron que la falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso constituye un “retroceso en la autonomía financiera y la planificación educativa”.
Aunque algunos diputados aliados del oficialismo no descartan la posibilidad de incrementos adicionales durante las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre, mantienen firme la decisión de no aplicar la ley de actualización progresiva.
Rendición de cuentas y criterios de asignación
El proyecto establece que las universidades deberán presentar información detallada sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En caso de incumplimiento, las transferencias podrían ser suspendidas.
Por tercer año consecutivo, el Gobierno tampoco aplicará otras leyes vinculadas al financiamiento educativo, como la Ley de Financiamiento Docente, que estipulaba destinar el 6% del PBI al sistema educativo, ni los niveles de inversión previstos por la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
Según analistas, esta decisión podría afectar la calidad educativa, la inversión en infraestructura y la capacidad de las universidades para sostener programas de investigación y extensión.
