El bloque opositor cuestiona la falta de claridad sobre aranceles y soberanía y exige que el convenio sea debatido en el Congreso antes de su implementación.
La bancada de Unión por la Patria presentará esta semana un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir que el acuerdo comercial recientemente anunciado entre Argentina y Estados Unidos sea sometido a debate parlamentario. La iniciativa sostiene que el entendimiento pone en riesgo atribuciones del Congreso y de las provincias y carece de claridad en materia arancelaria y tributaria.
“El acuerdo, así propuesto, es inviable en términos políticos y constitucionales. Es pertinente que nuestro Poder Ejecutivo informe de inmediato sus detalles y precise la supuesta necesidad e idoneidad de su contenido”, señala el proyecto elaborado por el bloque kirchnerista, que cuenta con la firma de diputados como Julia Strada, Germán Martínez, Cecilia Moreau y Carlos Heller, entre otros.
El texto destaca que el acuerdo afecta competencias legislativas esenciales: el Artículo 75 de la Constitución Nacional otorga al Congreso la potestad de regular comercio exterior, aranceles y aprobación de tratados internacionales, mientras que el Artículo 124 protege la titularidad provincial sobre los recursos naturales. Según los opositores, el convenio “atraviesa atribuciones sustanciales del Congreso y de las provincias”.
Entre las principales críticas se encuentra la ausencia de reciprocidad: mientras la Casa Blanca asegura que EE. UU. abrirá parcialmente su mercado, el comunicado argentino menciona una mayor exportación de carne bovina al mercado estadounidense. Además, el acuerdo permitiría la entrada de bienes de capital, automóviles y medicamentos, lo que, según el bloque opositor, tendría un impacto negativo sobre la industria local.
El proyecto también advierte sobre posibles restricciones a la soberanía argentina, citando declaraciones del ministro de desregulación Federico Sturzenegger, quien sugirió que productos aprobados por agencias estadounidenses podrían ser automáticamente válidos en el país, lo que implicaría una regulación indirecta del comercio interno por EE. UU.
Finalmente, la resolución solicita al Poder Ejecutivo que informe “inmediatamente sobre los detalles, alcance y necesidad de la rúbrica” del acuerdo, antes de avanzar en su implementación, asegurando que el Congreso cumpla con su rol constitucional de control y legislación en materia comercial y tributaria.
