Una red de validaciones irregulares facilitó el fraude con planes sociales en Neuquén

Un análisis técnico reveló inconsistencias entre beneficiarios declarados y pagos reales durante el primer semestre de 2022. La auditoría interna cuestionó rendiciones previamente aprobadas, lo que permitió reabrir la pesquisa administrativa y judicial.

Una auditoría interna realizada en la provincia de Neuquén expuso irregularidades estructurales en la gestión de los subsidios por desocupación laboral otorgados entre enero y junio de 2022. El trabajo pericial, que revisó expedientes ya aprobados por un auditor anterior, detectó múltiples inconsistencias en la trazabilidad de los pagos, generando nuevos elementos para la causa judicial que investiga una presunta estafa con fondos públicos.

El análisis del período en cuestión permitió identificar desajustes entre el listado oficial de beneficiarios y las personas que efectivamente cobraban los subsidios. Además, se detectaron pagos a empleados públicos, lo que representa una incompatibilidad legal. Estos hallazgos llevaron a la elaboración de tres informes desfavorables que ponen en duda el procedimiento administrativo que validó las transferencias.

La revisión técnica incluyó el seguimiento completo de los trámites, desde el decreto de autorización hasta la rendición final, y utilizó como insumo el registro digital del Sistema Contable Provincial (Sicopro). Aunque los montos de dinero cerraban en términos contables, no coincidían con los movimientos registrados en las cuentas individuales de los supuestos beneficiarios.

La investigación judicial, que ya lleva dos semanas de audiencias orales, analiza la posible responsabilidad penal de exfuncionarios que intervinieron en las distintas etapas del circuito de pagos. También se evalúa el impacto de omisiones internas que habrían permitido que las irregularidades persistieran sin control efectivo, incluso cuando ya existían alertas de inconsistencias.

El caso pone en evidencia fallas de control dentro de la propia estructura estatal, en un esquema que permitió, durante meses, la validación de rendiciones sin la correspondiente verificación del universo real de beneficiarios. La combinación entre controles formales laxos y la delegación de funciones clave habría facilitado el desvío sistemático de recursos públicos.