La presentación judicial, impulsada por organizaciones sociales, profesionales de la salud y referentes del ámbito educativo, logró que un juzgado federal diera luz verde a un proceso que busca determinar si el desmantelamiento del ENIA vulnera derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. No es poca cosa: se trata de un llamado de atención sobre los límites del poder ejecutivo para omitir, por omisión o negligencia, políticas públicas esenciales.
Pero este caso también nos interpela como sociedad. ¿Por qué una política tan sensible y con resultados comprobables no genera consenso? ¿Qué tipo de agenda puede considerar prescindible la prevención del embarazo adolescente, cuando se sabe que detrás de cada embarazo no intencional hay una historia de desigualdad, falta de acceso a información y, muchas veces, de violencia?
En tiempos donde se proclama la austeridad como virtud suprema, hay que recordar que los derechos no son un lujo ni un gasto. Son una obligación indelegable del Estado. Celebrar que la Justicia haya tomado el caso no debería hacernos olvidar que esta instancia no debió ser necesaria. La continuidad del ENIA debió estar garantizada por convicción política, no por presión judicial.
