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El Gobierno nacional se prepara para recibir en las próximas horas un nuevo fallo negativo en la causa que se tramita en Nueva York por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del distrito sur de Manhattan, podría avanzar con medidas que agraven la situación judicial de la Argentina, en el marco de un juicio que ya le impuso al país una condena por 16.000 millones de dólares.
La preocupación en la Casa Rosada es creciente. Fuentes oficiales apuntan contra exfuncionarios, abogados, empresas y analistas a los que acusan de favorecer, voluntaria o involuntariamente, la posición del fondo Burford Capital, principal demandante del caso. “Alimentan a los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su defensa”, advierten desde el entorno del presidente Javier Milei.
En este escenario, el Estado argentino presentará nuevos argumentos ante la jueza Preska y solicitará nuevamente el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como ya ocurrió en 2023, cuando la administración de Joe Biden se pronunció contra el pedido de Burford de quedarse con el 51% de las acciones de YPF como forma de cobro.
Uno de los elementos que enrareció el clima fue una reciente conferencia de prensa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien defendió el proceso de expropiación realizado en 2012. Sus declaraciones fueron utilizadas por los abogados del demandante para reforzar su posición frente al tribunal.
“La presentación que hicieron los demandantes incluye un anexo con transcripciones textuales de lo que dijo Kicillof. Usan su defensa como un argumento en contra del país”, detallaron fuentes del Ejecutivo.
El caso, iniciado tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en una megacausa judicial con impacto financiero y político. Desde el fallo original en 2023 hasta hoy, los intereses acumulados ya superaron los 17.000 millones de dólares, y los litigios relacionados continúan multiplicándose.
El Estado argentino insiste en que no negociará con Burford, pese a las señales del fondo para llegar a un acuerdo. La estrategia oficial es resistir judicialmente hasta agotar todas las instancias posibles, incluso si eso implica enfrentar nuevas órdenes judiciales o eventuales medidas de desacato.
En paralelo, la Cancillería trabaja con la Procuración del Tesoro y otros organismos para coordinar una ofensiva diplomática que incluya el apoyo de otros países como amicus curiae, tal como ocurrió en etapas anteriores del juicio con Uruguay y Paraguay.
El Gobierno evalúa que un pronunciamiento de la administración Trump podría ser clave para frenar la ejecución de la sentencia. Por eso se gestiona una nueva intervención del Departamento de Justicia de EE.UU., bajo el argumento de que este caso sienta un precedente peligroso para las relaciones entre estados soberanos.
Desde el oficialismo aseguran que hay una coordinación estrecha entre las áreas involucradas, aunque evitan cualquier contacto oficial con YPF para no reforzar la teoría del “alter ego” que sostiene Burford y que sostiene que el Estado y la petrolera operan como una misma entidad.
“Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro del marco judicial. No se va a negociar con quienes se beneficiaron de una maniobra especulativa. Lo que está en juego es mucho más que dinero: es la soberanía jurídica del país”, concluyeron en Casa Rosada.
