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En un giro contundente respecto a sus predecesores, el presidente Donald Trump ha multiplicado la presencia militar en la frontera sur de Estados Unidos. Desde su regreso al poder, el Pentágono desplegó más de 8.600 efectivos en servicio activo, vehículos blindados Stryker, drones de vigilancia, helicópteros, aviones espía U-2 y dos destructores navales. La operación, con un costo que ya supera los 525 millones de dólares, apunta a lograr lo que Trump definió como “control operativo total” de la frontera con México.
El despliegue es inédito: durante la administración Biden, el número de tropas en la frontera era de aproximadamente 2.500. Ahora, se han establecido “franjas militares” en Nuevo México y Texas donde los migrantes pueden ser detenidos por soldados. Aunque la Patrulla Fronteriza sigue a cargo de las detenciones formales, la línea entre funciones civiles y militares se vuelve cada vez más difusa.
La estrategia no solo pretende contener la migración irregular, sino también enfrentar el tráfico de drogas y personas. Los militares están usando el terreno para aplicar habilidades tácticas reales: planificación de patrullas, vigilancia aérea y terrestre, y cooperación con autoridades locales. Para muchos soldados jóvenes, se trata de su “misión generacional”, ante la ausencia de grandes operaciones en el extranjero.
Sin embargo, este nivel de involucramiento genera preocupaciones entre los expertos en defensa y legisladores, que advierten sobre el impacto en la preparación militar y el desvío de recursos. “Es difícil explicar estas misiones como algo que no sea una distracción”, planteó el senador Jack Reed. Algunas unidades que debían entrenarse en California o desplegarse en Corea han sido reasignadas al sur estadounidense.
Según los mandos militares, el despliegue ha forzado a los cárteles y contrabandistas a cambiar sus rutas hacia zonas más remotas y riesgosas, elevando los costos para ingresar al país: pasar la frontera cuesta ahora hasta 20.000 dólares por persona. El coronel Hugh Jones, que dirige una brigada Stryker en la frontera, indicó que la preparación de su unidad mejoró, con un 94% de operatividad en abril frente al 78% de diciembre pasado.
Pero también han crecido las tensiones. Se registraron ataques con piedras contra soldados en El Paso y el monitoreo de drones sospechosos operados por cárteles. Si bien los militares pueden derribar estos aparatos si representan una amenaza, hasta ahora no lo han hecho. La muerte de dos marines en un accidente vehicular cerca de Santa Teresa expuso también los riesgos inherentes de una misión que parece extenderse indefinidamente.
Aunque Trump y sus asesores han evitado invocar la Ley de Insurrección —lo que habilitaría legalmente a los militares a ejercer funciones de seguridad interna—, el uso sostenido de las Fuerzas Armadas para tareas fronterizas inquieta al establishment militar. En su primer mandato, los entonces secretarios de Defensa Jim Mattis y Mark Esper se opusieron a militarizar la frontera. Hoy, esa cautela parece haberse evaporado.
El Pentágono intenta minimizar la percepción de que las tropas están siendo utilizadas con fines políticos, aunque el nombre original de la operación —“Patriota Fiel”— fue descartado por considerarse partidario. Ahora simplemente se llama “apoyo fronterizo”, aunque los despliegues y los recursos crecen como si se tratara de un conflicto bélico de baja intensidad.
Trump ya presionó a la presidenta de México para permitir el ingreso de tropas estadounidenses al país, una idea rechazada categóricamente. Mientras tanto, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, aseguró que la misión fronteriza podría prolongarse “por años, no meses”.
La militarización de la frontera representa, en palabras del analista Peter Feaver, “una pendiente resbaladiza” que desafía la tradición estadounidense de mantener a las Fuerzas Armadas lejos de la política interna. Y aunque los soldados afirman sentirse útiles y motivados, los costos estratégicos a largo plazo —en entrenamiento, moral y foco institucional— aún están por verse.
