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En una semana que parecía encaminada hacia la calma legislativa, el Gobierno nacional sufrió un golpe inesperado: la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. La salida del funcionario, atravesada por fuertes desacuerdos sobre la publicación de un nuevo índice de inflación, descolocó a la Casa Rosada y abrió un frente de desgaste político que trascendió las fronteras argentinas.
En el equipo económico nadie anticipó el desenlace. Ni siquiera el ministro de Economía, Luis Caputo, esperaba que Lavagna diera un paso al costado tras las discusiones por la metodología del IPC y la injerencia del Poder Ejecutivo en los tiempos y alcances de su difusión. La repercusión fue inmediata en el exterior: en círculos financieros de Nueva York, inversores y asesores argentinos manifestaron sorpresa y preocupación por el impacto que el episodio puede tener sobre la credibilidad institucional.
“Lo que se quebró fue la independencia del INDEC”, resumió una fuente con acceso directo a la discusión interna. Más allá de si el nuevo índice arrojaba cifras más altas o más bajas, el conflicto dejó al descubierto un límite sensible: la autonomía técnica del organismo encargado de medir la inflación, una variable central para contratos, bonos y expectativas del mercado.
La crisis del INDEC se coló en una agenda oficial dominada por la pulseada parlamentaria. El Gobierno intenta avanzar con su paquete de reformas, pero los votos en el Senado todavía no aparecen con claridad. La reforma laboral sigue siendo el eje, aunque el mayor foco de tensión con gobernadores aliados —peronistas, radicales y del PRO— vuelve a ser el Impuesto a las Ganancias.
La iniciativa oficial propone una baja escalonada de la alícuota para sociedades, con un impacto fiscal estimado en 1,7 billones de pesos para 2026. Las provincias advierten que la medida implicaría una pérdida de coparticipación cercana a los 144 mil millones de pesos mensuales. Aunque hubo gestos políticos y fotos de ocasión, en privado los mandatarios aseguran que el proyecto es inviable sin una compensación alternativa. Por ahora, Javier Milei ordenó no retroceder.
Mientras el oficialismo intenta reordenarse, el peronismo atraviesa su propio laberinto. El jueves habrá una reunión clave del bloque de Fuerza Patria, con asistencia casi perfecta. Allí se debatirá la estrategia frente a la reforma laboral, pero el verdadero riesgo está puertas adentro.
El caso de Jujuy encendió todas las alarmas. Con el PJ intervenido por dirigentes cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, la suspensión de la senadora Carolina Moisés y la baja de afiliados que le responden dejó al descubierto una disputa que amenaza con escalar. Desde el kirchnerismo duro la acusan de haber favorecido al Gobierno con sus votos; desde su entorno hablan directamente de persecución política y no descartan una ruptura definitiva.
El temor es que ese conflicto se replique en otros distritos. La provincia de Buenos Aires aparece como el próximo campo de batalla. Axel Kicillof enfrenta horas decisivas para definir si acepta la propuesta de La Cámpora para encabezar el PJ bonaerense o si insiste con su propio armado. El cierre de listas se acerca y, mientras nadie quiere llegar a una interna abierta, todos juntan avales como resguardo.
Detrás de la disputa partidaria, el gobernador bonaerense lidia además con un frente económico delicado: un déficit fiscal que supera el billón y medio de pesos y proveedores que empiezan a preguntarse si la Provincia podrá sostener el ritmo de pagos, en un contexto en el que Nación recortó transferencias clave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la rosca no se detiene. Sin déficit fiscal, pero con una dinámica política cada vez más intensa, el jefe de Gobierno Jorge Macri reordenó áreas sensibles de su gabinete. El cambio más significativo se dio en la Secretaría de Desarrollo Urbano, un espacio estratégico para el negocio inmobiliario porteño.
El gran beneficiado fue, una vez más, Daniel “Tano” Angelici. El histórico operador del radicalismo y empresario del juego logró colocar a una dirigente de su confianza al frente del área, consolidando su influencia en una gestión que necesita acuerdos para sobrevivir en una Legislatura adversa.
Angelici ya había ampliado su poder a fines del año pasado, cuando un hombre de su riñón quedó al mando de la administración de la Legislatura porteña, una caja clave por volumen y discrecionalidad. En paralelo, otros exlegisladores encontraron rápido refugio en la estructura del Gobierno porteño, alimentando la sensación de que, en la Ciudad, siempre hay lugar para reacomodarse.
Entre errores no forzados, internas al rojo vivo y reconfiguraciones de poder, el mapa político argentino entra en una fase de alta inestabilidad. El Gobierno busca dejar atrás el golpe del INDEC; el peronismo, en cambio, parece cada vez más dispuesto a desconfiar incluso de los propios.
