Desde Casa Rosada apuntaron contra la oposición por la movilización y comenzaron el proceso de apertura de documentos secretos
El Gobierno nacional anunció que iniciará la desclasificación de archivos vinculados a la última dictadura militar, en un intento por instalar su propia narrativa sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La decisión se conoció en medio del malestar en la cúpula oficialista por la masiva movilización de sectores sindicales y opositores, que colmaron la Plaza de Mayo el domingo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Ejecutivo comenzó a trabajar en la recopilación y análisis de documentos históricos relacionados con la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. “Durante años, estos archivos fueron utilizados como un botín político por los gobiernos de turno”, afirmó en un mensaje oficial.
Según fuentes de la Casa Rosada, el material será transferido al Archivo General de la Nación, bajo la supervisión del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Sin embargo, advirtieron que la apertura al público no será inmediata, ya que se requiere un análisis previo del volumen y estado de la documentación.
Críticas y acusaciones tras la movilización
El Gobierno aprovechó la jornada para insistir en su postura de una “memoria completa”, aludiendo a los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras en los años ‘70. A su vez, funcionarios libertarios acusaron a la oposición de apropiarse del feriado y politizar la marcha.
“Es una marcha kirchnerista y de sus franquicias de la izquierda. Se adueñaron de una fecha que debería pertenecer a todos los argentinos”, expresó un integrante del Gabinete.
Pese a la postura oficial, la movilización reunió a miles de ciudadanos sin identificación partidaria, junto a organismos de derechos humanos, la CGT y agrupaciones como La Cámpora.
Conflicto con la CGT y nuevos paros en el horizonte
El clima de protesta no se detiene. Tras el paro nacional del 24 de enero, la CGT ya confirmó un nuevo cese de actividades para el 10 de abril, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.
Además, en la previa del paro, se espera otra movilización en defensa de los jubilados el 9 de abril, una causa que en las últimas semanas unió a distintos sectores opositores.
Desde el oficialismo minimizaron el impacto de estas medidas y señalaron que “es normal en un año electoral”. Sin embargo, en la CGT sostienen que el diálogo con la Casa Rosada está roto y que no ven posibilidades de negociación en el corto plazo.
Uno de los puntos clave del paro será la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ya que la falta de transporte público podría garantizar un alto nivel de acatamiento. En ese sentido, crecen las especulaciones sobre un posible acuerdo de último momento entre el gremio y el Gobierno, lo que podría debilitar la protesta.
Mientras tanto, la tensión política y social sigue en aumento, con un escenario de conflicto abierto entre el Ejecutivo y los sectores sindicales y opositores.
