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Un reciente mapa interactivo elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires volvió a poner en el centro del debate un proceso persistente y poco visible: la extranjerización de tierras en la Argentina. El relevamiento confirma que más de 13 millones de hectáreas del país están hoy en manos de capitales extranjeros, con fuerte presencia en áreas donde confluyen recursos estratégicos como agua dulce, energía, minerales y corredores logísticos.
Río Negro no figura entre las provincias que superan el límite legal del 15% de tierras rurales extranjerizadas, pero el fenómeno dista de ser irrelevante. Según el estudio, alrededor del 1,78% de su superficie rural, unas 314.000 hectáreas sobre casi 17,6 millones, pertenece a propietarios foráneos, con una concentración marcada en regiones cordilleranas y zonas de alto valor ambiental y turístico.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IE0cC8nnld3PU6F37eG6ypvG4lz1B0w&femb=1&ll=-41.63930574336787%2C-53.69673062178191&z=2
Lejos de ser una discusión estadística, el mapa expone un entramado territorial que involucra soberanía, acceso al agua, control de bosques nativos y disputas por el uso del suelo en áreas donde confluyen intereses inmobiliarios, energéticos y de conservación privada.
Las zonas rionegrinas que concentran tierras extranjerizadas
El análisis departamento por departamento permite identificar focos concretos dentro de la provincia. San Carlos de Bariloche aparece como el principal punto de concentración, con más del 3% de su superficie en manos extranjeras, impulsada por grandes extensiones adquiridas con fines turísticos, inmobiliarios o como reserva de valor.
En la zona andina sur, particularmente en El Bolsón y áreas rurales cercanas, el mapa muestra niveles superiores al promedio provincial. Allí se combinan estancias privadas, proyectos turísticos de alto nivel y emprendimientos de conservación privada que concentran grandes superficies en territorios de alto valor ecológico.
Departamentos como Ñorquinco y Pilcaniyeu presentan porcentajes intermedios. Aunque la presencia extranjera no es dominante, adquiere relevancia por la baja densidad poblacional y el carácter estratégico del territorio, especialmente por el acceso a fuentes de agua y corredores naturales. En contraste, regiones como la Línea Sur, el Valle Medio o General Roca registran niveles bajos o casi nulos, confirmando que el interés externo se focaliza en zonas cordilleranas y de recursos sensibles.
Lago Escondido, un conflicto que atraviesa décadas
El caso de Lago Escondido continúa siendo el emblema más visible de la extranjerización en Río Negro. A fines de los años noventa, el magnate británico Joe Lewis adquirió miles de hectáreas en una zona considerada de seguridad de frontera, desatando un conflicto que aún hoy permanece abierto.
La disputa excede la titularidad de la tierra y se centra en el acceso público al lago, un recurso hídrico que por ley es de dominio público, pero que en la práctica permanece restringido. Fallos judiciales incumplidos, caminos públicos cerrados y la inacción estatal consolidaron a Lago Escondido como un símbolo nacional de las limitaciones del Estado para ejercer control efectivo sobre su territorio.
El conflicto expone una tensión estructural entre derechos colectivos, intereses privados y soberanía territorial, que se replica en otros puntos de la Patagonia con menor visibilidad mediática pero dinámicas similares.
Incendios forestales y presión sobre el uso del suelo
La discusión sobre la tierra se vuelve aún más sensible al cruzarse con los incendios forestales que afectaron a la Patagonia en los últimos años. En Río Negro, la temporada pasada dejó decenas de miles de hectáreas quemadas, especialmente en zonas cordilleranas y rurales, con pérdidas ambientales, productivas y sociales de difícil reversión.
Si bien no existe una relación directa comprobada entre incendios y extranjerización, el contexto despierta interrogantes inevitables. Qué sucede con esas tierras luego del fuego, qué cambios se habilitan en el uso del suelo y quiénes terminan beneficiándose en escenarios de emergencia ambiental son preguntas que cobran fuerza.
El debate se intensifica ante iniciativas nacionales que buscan flexibilizar la Ley de Tierras o habilitar cambios productivos en áreas incendiadas, generando preocupación sobre posibles procesos de reconfiguración territorial en contextos de vulnerabilidad ambiental.
Proyecto Baguales y el control privado del agua
A este escenario se suma el proyecto hidroeléctrico Baguales, ubicado entre Bariloche y El Bolsón. Allí avanzan tres pequeñas represas sobre el arroyo Baguales, impulsadas por capitales privados vinculados a inversores extranjeros, con autorización provincial.
Aunque se trata de centrales de baja escala, el eje del debate no es la potencia energética sino el control del recurso hídrico. El agua, bien público y estratégico en un contexto de cambio climático, quedará bajo concesión privada por décadas para abastecer emprendimientos turísticos y residenciales de alto nivel.
Organizaciones ambientales y sectores sociales advierten que estos proyectos consolidan un modelo donde tierra y agua quedan asociadas a desarrollos exclusivos, limitando el acceso y condicionando el uso futuro de bienes comunes en una región donde la escasez hídrica comienza a ser estructural.
Soberanía territorial y decisiones de largo plazo
El mapa del CONICET aporta un dato central: la extranjerización de tierras no es aleatoria. Se concentra en zonas fronterizas, cuencas hídricas, áreas con potencial energético y territorios estratégicos en un escenario global marcado por la crisis climática y la disputa por recursos naturales.
En Río Negro, la combinación de grandes propiedades en manos extranjeras, incendios forestales recurrentes y proyectos privados sobre el agua configura un escenario que trasciende la coyuntura política. Obliga a discutir el rol del Estado provincial y nacional, los límites a la inversión privada y los mecanismos de control sobre bienes no reproducibles.
La extranjerización deja de ser una cuestión de porcentajes o nacionalidades para convertirse en un debate estructural sobre quién decide el uso del territorio, el agua y los recursos estratégicos. En una provincia clave de la Patagonia, esa discusión definirá el modelo de desarrollo, el acceso a los bienes comunes y el horizonte social y ambiental de las próximas décadas.
