Tierras, extranjeros y soberanía: el problema empieza cuando el Estado llega tarde

El debate por la propiedad extranjera volvió después del fallo de la Corte Suprema. En la Patagonia, donde grandes extensiones, recursos naturales y conflictos por el acceso conviven desde hace décadas, limitar quién puede comprar es una discusión necesaria. Pero soberanía también significa presencia estatal, controles y reglas que se cumplan.

La discusión sobre las tierras en manos extranjeras volvió a instalarse en la Argentina y tiene en la Patagonia uno de sus escenarios inevitables. No podría ser de otra manera: aquí están algunos de los casos más emblemáticos y también buena parte de los recursos naturales que explican por qué el tema despierta tanta sensibilidad.

El debate se reabrió después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal no resolvió la discusión de fondo, sino que consideró que quienes habían iniciado el amparo carecían de legitimación. El efecto concreto es que actualmente no están vigentes los límites que establecía aquella ley para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

El asunto merece escapar de dos simplificaciones. Ni todo capital extranjero representa por definición una amenaza para la soberanía ni resulta razonable sostener que la nacionalidad de quien compra enormes extensiones de territorio carece completamente de importancia.

Hay recursos estratégicos, zonas fronterizas, cursos de agua y superficies cuya concentración justifican regulaciones y controles. Pero la soberanía no se garantiza únicamente mirando el pasaporte de quien figura en una escritura.

Lago Escondido y una pregunta incómoda

La Patagonia ofrece quizás el ejemplo más conocido.

El empresario británico Joe Lewis adquirió en 1996 alrededor de 8.000 hectáreas que rodean Lago Escondido, en Río Negro. Desde entonces, buena parte del conflicto público se concentró en su condición de extranjero.

Pero detrás de esa discusión existe otra igualmente importante: el lago es público y durante años el Estado no consiguió garantizar de manera efectiva un acceso acorde con esa condición. La Justicia rionegrina intervino incluso para ordenar la apertura del camino correspondiente.

Ahí aparece una cuestión que excede a Lewis.

Si exactamente la misma extensión hubiera pertenecido a un poderoso empresario argentino y el acceso público al lago hubiera permanecido restringido, ¿el problema sería sustancialmente diferente?

Probablemente no.

La obligación del Estado seguiría siendo exactamente la misma: garantizar el acceso, controlar el cumplimiento de las leyes y preservar aquello que pertenece al dominio público.

La concentración también debería preocupar

Los números ayudan a poner el debate en perspectiva. Datos citados del Registro Nacional de Tierras Rurales indican que ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% que establecía la legislación derogada. Un cálculo del Observatorio de Tierras CONICET-UBA ubica en aproximadamente 5% del territorio nacional —unos 13 millones de hectáreas— las tierras en manos extranjeras, aunque existen departamentos que sí superan aquel porcentaje.

Esto no significa que la cuestión deba relativizarse. Significa que quizá sea necesario ampliar la pregunta.

Porque además de discutir cuánto territorio pueden comprar extranjeros, Argentina debería preguntarse cuánta tierra puede concentrar cualquier propietario, independientemente de su nacionalidad.

Una enorme extensión en manos de una compañía extranjera puede despertar preocupación. Pero una superficie equivalente concentrada por un grupo económico argentino también debería exigir controles cuando están comprometidos recursos estratégicos, accesos públicos o el desarrollo de comunidades enteras.

El Estado no puede reemplazar su ausencia con prohibiciones

La historia patagónica muestra otro problema: durante décadas existieron enormes territorios donde la presencia estatal fue débil o directamente inexistente.

Faltaron caminos, escuelas, infraestructura sanitaria, títulos de propiedad claros y políticas para desarrollar zonas alejadas de los principales centros urbanos.

En muchos lugares llegaron antes los emprendimientos privados que el propio Estado.

Eso no convierte automáticamente a esos inversores en benefactores ni elimina la obligación de controlar qué hacen. Mucho menos justifica cualquier concentración territorial.

Pero obliga a reconocer una contradicción: el Estado no puede abandonar durante décadas un territorio y luego pretender resolver exclusivamente mediante prohibiciones las consecuencias de su propia ausencia.

La soberanía también se construye con rutas, hospitales, escuelas, conectividad, catastros actualizados, controles ambientales y capacidad para hacer cumplir una sentencia judicial.

Regular, pero también controlar

La discusión no debería reducirse entonces a elegir entre dos extremos: liberar completamente la adquisición de tierras o impedir el ingreso de capital extranjero.

Existen mecanismos intermedios. Otros países establecen límites territoriales, restricciones especiales o controles diferenciados. Incluso puede discutirse un tratamiento más estricto cuando el comprador es una empresa vinculada a otro Estado, situación diferente de una inversión privada.

Argentina necesita reglas claras sobre la propiedad de la tierra. Particularmente en la Patagonia, donde conviven enormes extensiones, reservas de agua dulce, áreas fronterizas, recursos energéticos y territorios atravesados por reclamos históricos.

Pero ninguna ley será suficiente si después el Estado carece de capacidad para hacerla cumplir.

Por eso, quizás la pregunta sobre la soberanía deba ser más amplia que “¿quién compró la tierra?”.

También deberíamos preguntarnos quién controla qué ocurre allí, qué recursos están comprometidos, si se garantiza el acceso público cuando corresponde, qué impacto tiene esa propiedad sobre las comunidades y, fundamentalmente, dónde estaba el Estado antes de que apareciera el conflicto.

Porque un territorio no se vuelve verdaderamente soberano sólo porque su propietario tenga DNI argentino. Se vuelve soberano cuando existen un Estado presente, reglas conocidas y la decisión política de hacerlas cumplir.