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La mañana comenzó con un clima de creciente preocupación entre quienes aguardaban noticias en la vereda de calle Maipú. La concentración surgió como respuesta a reclamos que, según familiares, se arrastran desde hace varios días y se vinculan a supuestos excesos durante las requisas. La tensión escaló cuando, entre las 11.30 y las 12, denunciaron la presencia de disparos o detonaciones en el interior del penal.
A pesar del despliegue policial en el lugar, hasta el mediodía las autoridades provinciales no emitieron comunicados oficiales ni precisaron si existió un incidente interno. En la zona permanecían unas 20 personas acompañadas por integrantes del Observatorio de Derechos Humanos, quienes también solicitaron respuestas sobre posibles situaciones de violencia institucional.
Reclamos por requisas y denuncias de maltrato
Los familiares detallaron que los cuestionamientos se centran en los procedimientos de control aplicados en los accesos. Según su versión, se habrían registrado prácticas que consideran abusivas, especialmente sobre mujeres y niños que asisten a las visitas. Sostienen que los “sobrepasos” en revisiones corporales motivaron la protesta que se intensificó este lunes.
Indican además que los planteos fueron elevados días atrás sin obtener respuestas satisfactorias. La falta de información oficial profundizó el malestar y derivó en la permanencia de grupos frente al establecimiento. La incertidumbre sobre el estado de los internos generó un clima de preocupación que creció tras los ruidos escuchados durante la mañana.
Silencio institucional y pedido de información urgente
Mientras continúa la protesta, los allegados exigen un informe detallado sobre lo que sucede dentro del penal. Solicitan que se garantice la integridad física de los alojados y que se revisen los procedimientos aplicados durante las requisas. Hasta el momento, la dirección del penal 2 ni el área provincial de seguridad emitieron partes oficiales.
Representantes del Observatorio de Derechos Humanos pidieron la intervención inmediata de organismos de control para verificar si hubo episodios de violencia o un motín en curso. Señalaron que la ausencia de información pública incrementa la tensión y dificulta la contención de las familias que permanecen frente al lugar.
