Dólar oficial $1.395 – Dólar Turista 1.813,50 – Dólar blue $1.390 – Dólar MEP $1.415,01 – Contado con Liqui $1.478,73 – Riesgo País 556
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El juicio oral por la megacausa de estafas con planes sociales en Neuquén reveló esta semana detalles clave sobre el funcionamiento interno de la organización que habría operado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Las pruebas extraídas de los teléfonos celulares de algunos imputados, entre ellos una arrepentida, muestran un circuito aceitado: listados de beneficiarios, retiros programados de dinero en los bancos, y comunicaciones directas con referentes del esquema, que incluso convocaban a “dar una mano” desde un restaurante que habría funcionado como base operativa paralela.
Pero la causa también dejó en evidencia las tensiones del proceso judicial. Uno de los principales imputados, Néstor Pablo Sánz, actualmente con prisión domiciliaria, pidió al tribunal que se le permita salir a trabajar por las tardes. Dijo no poder cubrir la cuota alimentaria de sus hijos. La defensa argumentó que su situación económica es insostenible. La fiscalía se opuso con dureza, y el pedido desató una discusión con perspectiva de género en plena audiencia.
El cabo Lukas Zabala, de la División de Ciberdelitos de la Policía provincial, declaró esta semana y presentó un informe clave. Analizó los teléfonos de varios imputados —entre ellos Paola Zeballos, quien se acogió a la figura de arrepentida— y halló evidencias concretas del esquema de recaudación. Entre los datos encontrados:
Tickets bancarios con montos similares a los de planes sociales.
Capturas de pantalla con listas de beneficiarios con anotaciones como “mejoramiento” o “cobra-te saco”, lo que para la fiscalía demuestra que se retenía parte del subsidio.
Chats de WhatsApp donde Sánz le escribía a Zeballos: “Hola Paola, vamos todos al banco de nuevo y mañana también”, o “a las 9.30 los espero en El Faraón”, restaurante propiedad del también imputado Ricardo Soiza.
En redes sociales también se detectaron perfiles que vinculan a los imputados con actividades comerciales presuntamente montadas con fondos de los planes sociales. El perfil “Isabela Glamour”, en referencia a Isabel Montoya —pareja de Sánz, también imputada— mostró imágenes de viajes y emprendimientos que están siendo investigados por su posible conexión con el dinero desviado.
En paralelo, la defensora Laura Giuliani solicitó salidas laborales para Sánz, quien cumple detención domiciliaria y lleva una tobillera electrónica. Según dijo, necesita trabajar para ayudar a sus hijos y devolverle el dinero que actualmente aportan sus padres jubilados.
La propuesta fue que Sánz trabaje por las tardes en un local de venta de fotocopiadoras. Un comerciante se presentó como garante del cumplimiento. Sin embargo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso con firmeza y sugirió que quien debería trabajar es Montoya, pareja del imputado y en libertad. El comentario encendió la respuesta de Giuliani: “El trabajo se lo ofrecen a él porque tiene conocimientos técnicos. Además, Isabel está todo el día en el juicio y después cuida a sus hijos. Me parece muy poca perspectiva de género, porque es una mamá”.
El juez Luis Giorgetti dispuso un cuarto intermedio de 72 horas para verificar la oferta laboral y evaluar si se autoriza o no la salida. Mientras tanto, las audiencias continúan con declaraciones clave y evidencias digitales que refuerzan la hipótesis de que se utilizó la estructura estatal para armar una red de recaudación ilegal con recursos públicos.
Según la acusación fiscal, se desvió dinero de planes sociales mediante un sistema de recaudación centralizado, con descuentos ilegales a los beneficiarios y una red de colaboradores que retiraban el efectivo, lo rendían a referentes y operaban desde oficinas paralelas. Hay una decena de imputados, varios funcionarios públicos incluidos.
Con cada audiencia, el juicio avanza en reconstruir los roles de la estructura y las rutas del dinero. Pero también deja ver otras aristas: las tensiones sociales, familiares y laborales que rodean a los acusados, y las fracturas internas que generó una causa que puso en crisis el uso de los fondos sociales en la provincia
