La restitución de un predio de 92 hectáreas en Bariloche, tras un fallo judicial que condenó a cinco miembros de la comunidad mapuche Buenuleo por usurpación, desató una nueva controversia. Un amplio operativo policial garantizó el ingreso del poseedor reconocido por la Justicia, Emilio Friedrich, pero la comunidad denuncia que se vulneró su territorio y que el procedimiento incluyó un “exceso en la ejecución”.
El conflicto se intensificó cuando la fiscal Betiana Cendón ordenó remover una tranquera que impedía el acceso a la propiedad y justificó la medida con una certificación del municipio. Sin embargo, los Buenuleo sostienen que esas tierras están fuera del ejido urbano y pertenecen a Parques Nacionales, lo que reaviva el debate sobre la jurisdicción del área.
Si bien la comunidad mapuche ya había abandonado el predio la semana pasada para evitar un desalojo forzoso, la restitución efectiva de las tierras se llevó a cabo bajo un importante operativo policial. Más de 50 efectivos, camionetas, motos y personal del COER participaron del procedimiento, que incluyó la presencia de una grúa municipal para retirar la tranquera que bloqueaba el acceso.
La fiscal Cendón justificó la medida con un documento del municipio que avalaba el ingreso. Sin embargo, el lonko Ramiro Buenuleo calificó el accionar como “ilegal” y adelantó que denunciarán a la fiscal ante el Consejo de la Magistratura por “avasallamiento de territorio comunitario” y violación de convenios internacionales.
El operativo dejó un detenido: Newen Maliqueo, de 22 años, quien fue acusado de intentar embestir con su moto a un policía.
El litigio por estas tierras comenzó en 2019, cuando la comunidad Buenuleo ocupó el predio que Friedrich reclamaba como propio con un boleto de compraventa. Tras un juicio oral, cinco miembros de la comunidad fueron condenados por usurpación, en una sentencia que fue ratificada en febrero pasado.
La defensa de la comunidad sostiene que el desalojo se llevó a cabo en un sector distinto al estipulado y que la fiscalía utilizó un camino que no está reconocido como público, sino que forma parte del territorio comunitario.
El defensor público Marcos Cicciarello denunció que la ejecución de la restitución “excedió lo dispuesto en la sentencia” y advirtió que Friedrich deberá recurrir a la justicia civil si quiere obtener una servidumbre de paso.
Por su parte, el municipio quedó en el centro de la polémica. La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) presentó un pedido de informes para que el intendente Walter Cortés explique por qué camiones municipales participaron del operativo y cuál fue la partida presupuestaria utilizada.
Mientras la comunidad mapuche y sus defensores preparan nuevas presentaciones judiciales, el conflicto territorial en Bariloche sigue abierto, con múltiples frentes en disputa y un final aún incierto.
