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Una audiencia de formulación de cargos por la causa Techo Digno de Rio Colorado se realizó este miércoles en los tribunales de General Roca. La jueza Maria Gadano anunciará el 25 de febrero si da por formulados los cargos contra el legislador oficialista y exintendente Gustavo San Román.
La acusación fue presentada por la fiscal Graciela Echegaray junto a Jessica González y Mónica García. La fiscalía atribuye a San Román los delitos de fraude a la administración pública y peculado en el marco de la ejecución de planes de vivienda financiados por el programa nacional Techo Digno.
El eje de la acusación se centra en presuntas diferencias entre el avance físico de las obras y los desembolsos realizados en dos planes habitacionales: uno de 104 viviendas y otro de 80.
Según la fiscalía, en el plan de 104 viviendas se detectó una diferencia estimada del 1,33% entre el avance físico y el financiero, mientras que en el de 80 viviendas la brecha alcanzaría el 7,47%. Esos porcentajes habrían representado pagos en exceso al empresario constructor Longinos de Dios, también imputado en la causa, aunque no participó de esta audiencia por razones médicas.
Además, se cuestiona que durante la gestión municipal se colocaron fondos en un plazo fijo en lugar de aplicarlos directamente a la ejecución de las obras, conducta que sustenta la imputación por peculado.
San Román, quien asumió como intendente en 2015, participó de la audiencia de manera virtual junto a su abogado defensor, Damián Torres. La ejecución inicial del plan nacional había comenzado durante la gestión anterior, encabezada por Carlos Pilotti, quien también enfrenta un proceso judicial en una etapa distinta.
Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente tres horas, la jueza formuló preguntas tanto a la fiscalía como a la defensa para precisar los alcances de la imputación.
Torres solicitó que no se haga lugar a la formulación de cargos y planteó objeciones formales a la acusación. También cuestionó la competencia de la justicia provincial, al sostener que se trata de fondos de un programa nacional y que, por lo tanto, debería intervenir la Justicia Federal.
La resolución de la magistrada determinará si la causa avanza a la siguiente etapa procesal respecto de San Román.
