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La causa judicial por el plan habitacional Techo Digno en Sierra Grande ingresó en su tramo decisivo luego de que la Fiscalía presentara sus alegatos finales y definiera quiénes, a su criterio, deben responder penalmente por las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de las obras.
Durante la audiencia realizada este martes, el fiscal Juan Pedro Peralta sostuvo la acusación contra el exintendente Renzo Tamburrini, el exsecretario de Gobierno Mauro Tamburrini y el exsecretario de Obras Públicas Ernesto Noel, a quienes atribuyó los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cambio, el representante del Ministerio Público retiró los cargos que pesaban sobre el exintendente Nelson Iribarren y los exfuncionarios Claudia Alvariño y Miguel Mesa, al considerar que las pruebas incorporadas durante el debate no permitieron sostener la acusación inicial.
La investigación se centró en la ejecución de un plan de 40 viviendas financiado con fondos nacionales. Según la Fiscalía, durante la gestión de Renzo Tamburrini se certificaron avances de obra cercanos al 71%, lo que habilitó el desembolso de recursos por parte de Nación, aunque posteriores peritajes determinaron que el nivel real de ejecución rondaba el 42%.
Peralta afirmó que la maniobra quedó acreditada a partir de documentación, testimonios y pericias técnicas presentadas durante el juicio. Según sostuvo, los certificados de avance utilizados para gestionar pagos no reflejaban el estado real de las obras y permitieron efectuar desembolsos por trabajos que aún no se habían concretado.
“Se falsearon certificados de avance de obra para pagarle a la empresa por tareas que no se habían realizado”, planteó el fiscal al exponer sus conclusiones ante el tribunal.
Respecto del segundo tramo de la causa, vinculado a movimientos de suelo realizados durante la gestión de Iribarren, la Fiscalía modificó su postura inicial. Peralta consideró probado que los trabajos cuestionados efectivamente se ejecutaron y destacó que esa administración impulsó auditorías internas, rescindió contratos y promovió la denuncia judicial cuando detectó inconsistencias.
Tras escuchar los alegatos acusatorios, las defensas solicitaron la absolución de todos los imputados y cuestionaron la interpretación realizada por la Fiscalía. Los abogados sostuvieron que no se logró demostrar una intención deliberada de perjudicar al Estado y remarcaron las complejidades administrativas que atravesaban los municipios en aquel contexto.
El Tribunal integrado por Marcelo Chironi, Guillermo Bustamante y Guillermo González Sacco anunció que dará a conocer su decisión el próximo 10 de junio, fecha en la que se conocerá si existen responsabilidades penales por las irregularidades investigadas en uno de los casos de obra pública más resonantes de Sierra Grande.
(Foto Diario Río Negro)
