En un giro inesperado, el Gobierno decidió suspender este jueves el esperado anuncio de medidas para permitir el uso de dólares no declarados, conocido informalmente como el plan para los “dólares en el colchón”.
La marcha atrás ocurrió apenas horas antes de la presentación prevista y generó un fuerte revuelo político y técnico.
La explicación oficial la dio el vocero presidencial y candidato porteño de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien atribuyó la postergación al temor de que el kirchnerismo lo utilizara como argumento de campaña. “No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos”, escribió en redes sociales.
La medida, que iba a ser presentada en la mañana de este jueves, fue primero pospuesta para la tarde, pero finalmente quedó suspendida. El retroceso se produjo a solo tres días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que alimentó las especulaciones sobre el trasfondo electoral de la decisión.
Qué proponía el Gobierno
Desde el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, aseguran que el paquete de medidas ya está cerrado y que busca incentivar la reactivación económica en un contexto de escasez de divisas. Tras la salida del cepo cambiario, el Gobierno aún no logra acumular reservas en el Banco Central, y busca sumar oferta de dólares para evitar presiones inflacionarias en plena campaña electoral.
El presidente Javier Milei había adelantado que se trabajaba en un mecanismo que permitiera a los ahorristas “sacar sus dólares sin que los persiga el Estado”. La idea central era permitir el uso de divisas no declaradas para operaciones sin exigir justificación patrimonial, una especie de blanqueo encubierto.
Las alarmas técnicas y legales
A pesar del entusiasmo oficial, el plan encendió alertas entre tributaristas y especialistas en lavado de dinero. Dos obstáculos principales amenazan con frenar la implementación del paquete: la imposibilidad de modificar ciertas normas tributarias sin pasar por el Congreso y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra el lavado.
Según trascendió, uno de los ejes de las medidas es simplificar el impuesto a las Ganancias, especialmente para los trabajadores autónomos —un universo de unos 390.000 contribuyentes, entre profesionales, minipymes y directivos—. Entre los cambios se analizaría eliminar la obligación de justificar patrimonio, ingresos y consumos anuales, datos que hoy cruzan los sistemas de la AFIP para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas.
El tributarista Sebastián Domínguez advirtió que la eliminación de estas exigencias podría debilitar los mecanismos de fiscalización y abrir la puerta al lavado de activos. “ARCA ya no contaría con el detalle de los bienes, el dinero que se utilizó para vivir durante el año y otros datos clave”, explicó.
¿Qué sigue?
Aunque desde Economía insisten en que el paquete está listo, no hay certezas sobre cuándo será anunciado. En paralelo, la postergación abrió un nuevo frente de discusión política en plena recta final hacia los comicios. En la oposición consideran que el Gobierno buscaba usar la medida como un gesto para los votantes de clase media y sectores profesionales, golpeados por la presión fiscal y la falta de acceso al mercado cambiario formal.
Ahora, resta saber si el oficialismo insistirá con el anuncio tras las elecciones o si la medida quedará archivada, ante la resistencia legal, institucional y política que ya empieza a consolidarse.
