Una jueza de Bariloche optó por fomentar que las partes encuentren una solución alternativa al conflicto. Los imputados pertenecen a la comunidad Coronado Inalef de Mallín Ahogado. Hasta ahora, la parte acusadora ha rechazado toda posibilidad de acuerdo.
La jueza de juicio, Romina Martini, otorgó un plazo de 15 días para que las partes involucradas en la causa por usurpación en la zona de Mallín Ahogado, donde están imputados miembros de la comunidad mapuche Coronado Inalef, puedan entablar diálogos en busca de una solución alternativa al desalojo forzoso ordenado por un juez de Garantías en marzo.
El proceso de desalojo se encuentra en pausa debido a una serie de eventos legales. A finales de marzo, la defensora oficial Natalia Araya presentó un recurso extraordinario para que el Tribunal de Impugnación provincial revisara el caso, lo que resultó en la suspensión de la audiencia de control de acusación programada para hoy, después de que la jueza Martini aceptara un nuevo planteo de la abogada oficial que representa a la comunidad mapuche.
En el caso están imputados por el delito de usurpación Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, quienes se instalaron en tierras de la zona de Mallín Ahogado en abril de 2023.
El juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, ordenó el desalojo en marzo y, ante la negativa de la comunidad de retirarse voluntariamente, se activó el protocolo el 15 de ese mes. Sin embargo, el 25 de marzo se suspendió el desalojo tras la elevación del expediente al Tribunal de Impugnación.
La defensora solicitó a la jueza un nuevo plazo de 15 días para continuar dialogando en busca de una solución alternativa al conflicto, aunque hasta el momento los acercamientos han sido infructuosos.
Araya propuso que la zona en disputa permanezca como un área de “tránsito” y que se dicte una medida de no innovar hasta que se resuelva el conflicto de propiedad de la tierra en sede civil. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por la querella.
En la audiencia realizada por Zoom, Araya aseguró que se puede trabajar en darle forma a esta propuesta. Los imputados también expresaron su compromiso de cumplir las pautas en caso de llegar a un acuerdo.
Por otro lado, la abogada de la querella, Marcela Fragala, afirmó que no hay posibilidad de acuerdo y que los acusados son “muy violentos”. Instó a que se avance con el desalojo ya ordenado por el juez de Garantías.
El fiscal Francisco Arrien remarcó que cualquier acuerdo debe ser voluntario y sin presión. Afirmó que la querella no estaba de acuerdo con ninguna resolución alternativa del conflicto hasta el momento.
La jueza Martini decidió habilitar dos semanas para que las partes intenten llegar a un acuerdo no litigioso, bajo el principio de que los jueces deben procurar la solución del conflicto primario. Si no se alcanza un acuerdo en este plazo, se retomará la audiencia de control de acusación suspendida.
Ante esta decisión judicial, el fiscal Arrien informó que citará a las partes a una audiencia, preferiblemente presencial, en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo.
Fuente RN
