La licencia de la protesorera y la renuncia del secretario dejaron al club sin herramientas administrativas básicas y profundizan el escenario de bloqueo.
San Lorenzo quedó virtualmente imposibilitado de funcionar luego de que su protesorera, Carina Farías, presentara una licencia y dejara al presidente Marcelo Moretti sin firmas habilitadas para efectuar pagos, rubricar contratos o avanzar en trámites indispensables para la actividad diaria. A esta situación se suma la renuncia del secretario Leandro Goroyesky, presentada en una reunión de Comisión Directiva que finalmente fue declarada acéfala y luego objetada por la Justicia. Con estas bajas, el club perdió su estructura mínima de aprobación administrativa y depende de una convocatoria urgente a reunión dirigencial.
Mientras se define ese encuentro, la institución azulgrana no puede firmar renovaciones, aceptar ofertas por futbolistas ni cerrar contratos con juveniles, lo que impacta de lleno en el mercado de pases y en la planificación deportiva. Internamente, la tensión escala: el Comité Ejecutivo de AFA había sugerido a Moretti abstenerse de asistir a reuniones hasta ordenar la situación interna, pero el presidente volvió a presentarse en el último encuentro pese a la crisis que atraviesa San Lorenzo. La falta de conducción operativa mantiene al club en un estado de parálisis administrativa pocas veces visto.
El conflicto institucional convive además con un frente judicial de alto impacto. Moretti fue citado por la jueza Laura Graciela Bruniard para declarar en la causa abierta tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo observa guardando un fajo de dólares en su saco. Aunque inicialmente dijo que se trataba de una donación destinada a las divisiones inferiores, su abogado sostuvo luego que el dinero correspondía a una deuda personal con la empresaria involucrada. El dirigente se negó a declarar en la indagatoria y la investigación continúa, sumando presión en un escenario donde la gobernabilidad del club aparece cada vez más comprometida.
