El Ministerio de Seguridad Nacional declaró a la ciudad “zona sujeta a investigación especial”. La medida permite interceptar comunicaciones digitales, endurece penas y habilita investigaciones más profundas sobre el crimen organizado.
La ciudad de Rosario se convertirá en el primer escenario del país donde se pondrá en práctica la recientemente aprobada ley antimafia, una normativa que refuerza las herramientas judiciales y de seguridad para combatir a las organizaciones delictivas de tipo narco. La decisión fue oficializada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, al declarar a Rosario como una “zona sujeta a investigación especial”, figura clave de la nueva ley sancionada en marzo pasado.
Con esta resolución, fiscales y fuerzas federales podrán interceptar comunicaciones digitales, incluidas las de redes sociales y plataformas virtuales, además de aplicar penas más severas y directas para todos los integrantes de una banda criminal, sin importar el rol que cumplan dentro de la estructura mafiosa.
Un contexto crítico: bandas, violencia y conmoción social
La ciudad santafesina es desde hace años el epicentro del narcotráfico en Argentina. A pesar de la reducción general de homicidios en la provincia, Rosario mostró un leve aumento del 5,7% en los primeros tres meses de 2025, comparado con el mismo período del año anterior. La cifra —37 asesinatos— aún está muy por debajo de los 70 registrados en 2023, pero el repunte alerta a las autoridades.
Uno de los focos de preocupación es el barrio 7 de Septiembre, donde la banda Los Menores, con conexiones con la barra brava de Rosario Central, habría protagonizado recientes hechos de violencia, entre ellos, el crimen del histórico jefe de la hinchada, Andrés Bracamonte, ocurrido en noviembre pasado.
¿Qué habilita la ley antimafia?
Promulgada el 9 de marzo, la ley otorga nuevas facultades a la Justicia Federal y a las fuerzas de seguridad para enfrentar el crimen organizado. Entre sus principales disposiciones se destacan:
- Intervención de comunicaciones digitales, incluyendo redes sociales y mensajería virtual.
- Aplicación de la pena más grave a todos los miembros de una organización criminal, sin distinción jerárquica.
- Declaración de “zona sujeta a investigación especial”, que permite operativos más amplios y sistemáticos.
- Habilitación del uso de pruebas encadenadas sin necesidad de solicitar nuevas autorizaciones para cada comunicación interceptada.
- Participación activa del comité de crisis, que ya funciona desde marzo de 2024 en Rosario.
El director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, remarcó que “la novedad de la ley antimafia es el tipo de herramientas que ahora tendrán los fiscales y las fuerzas para investigar estructuras complejas que operan como verdaderas empresas delictivas”.
Impacto judicial y político
La medida responde también a un pedido expreso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien tras una serie de crímenes conmocionantes —entre ellos, asesinatos de trabajadores inocentes en 2024— pidió a la Nación declarar a Rosario como zona crítica y reforzar la intervención del comité de crisis.
Desde el Ministerio de Seguridad subrayan que la ley apunta a desarticular una nueva generación de narcos, surgida tras el encarcelamiento de líderes como los Monos y los clanes de Esteban Alvarado, Funes y Caminos. Según inteligencia criminal, varias de estas bandas buscan controlar territorio, desplazar rivales y amedrentar al Estado.
Una prueba de fuego para el Estado
El uso de esta ley en Rosario será una prueba clave para evaluar su eficacia y su eventual réplica en otros puntos calientes del país. La intención oficial es que, a diferencia de operativos anteriores, el accionar sea más quirúrgico, sostenido en el tiempo y con capacidad real para judicializar el narcotráfico estructurado.
Mientras tanto, Rosario sigue bajo vigilancia federal. Unidades de la Prefectura Naval y Policía Federal Argentina patrullan las calles junto a fuerzas provinciales, en una ciudad que, pese a la baja en homicidios, vive bajo una tensión persistente marcada por balaceras, amenazas y crímenes selectivos.
La aplicación de la ley antimafia abre una nueva etapa. El desafío será que el cambio legal se traduzca en resultados concretos y sostenibles, sin repetir los errores del pasado.
