A diez meses de la implementación del sistema de control privado de licencias médicas en Río Negro, el gobierno provincial informó una reducción del 12% en la cantidad de días abonados a empleados estatales por razones de salud durante el primer cuatrimestre de 2025. En concreto, se pagaron 56.612 jornadas entre enero y abril, frente a las 64.220 que se habían autorizado en igual período de 2024.
La administración de Alberto Weretilneck atribuye esta caída a la tarea de fiscalización de la consultora Dienst, contratada en septiembre del año pasado para monitorear las licencias de corta duración de los empleados públicos. Según cifras oficiales, el 48,5% de los días solicitados en lo que va del año fueron rechazados por el sistema de control.
Solo en abril, 5.743 trabajadores accedieron a licencias médicas, lo que representa un 11% del total de la planta estatal. En promedio, se otorgaron tres días y medio por licencia, a partir de solicitudes que, en muchos casos, eran por períodos más largos. El recorte promedio aplicado por la consultora ronda los dos días por trámite.
Desde el Ejecutivo destacan que el mecanismo generó un ahorro estimado en más de 9.800 millones de pesos entre septiembre y abril. No obstante, admiten dudas internas respecto a si los descuentos por días denegados se aplican efectivamente en todos los organismos, dado que esa responsabilidad recae en las direcciones de Recursos Humanos.
El informe remitido por el Ministerio de Hacienda a la Legislatura en respuesta a pedidos de informes opositores reveló, además, que durante los primeros cuatro meses de 2025 se tramitaron 106.206 solicitudes de licencias médicas, un salto del 65% respecto al mismo lapso del año pasado. Sin embargo, el gobierno atribuye ese crecimiento a múltiples presentaciones repetidas derivadas de observaciones, rechazos o recortes aplicados por Dienst.
El detalle por áreas muestra que los sectores más afectados por las ausencias médicas fueron Salud, con 637 agentes licenciados, y Policía, con 343. En el caso del IPROSS, más del 20% de su personal se ausentó por razones médicas en abril.
La política de fiscalización, sin embargo, no está exenta de polémica. Desde el gremio docente Unter —uno de los más críticos del sistema— denunciaron que los recortes forzaron a trabajadores a reincorporarse sin haberse recuperado plenamente, lo que, a su entender, representa una violación al derecho a la salud y condiciones laborales dignas.
En paralelo, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó pedidos de informes y acciones judiciales para conocer detalles del contrato con Dienst, que desde marzo representa un gasto mensual de más de 354 millones de pesos, con un costo proyectado anual de 4.300 millones.
Mientras el oficialismo insiste en que se trata de una política de “eficiencia y control del gasto público”, en la Legislatura crecen las críticas sobre el verdadero impacto del sistema, tanto en términos financieros como en la salud laboral de los trabajadores estatales.
