El conflicto por la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros vuelve a tensar la relación entre Río Negro y la administración nacional. Según denunció el Gobierno provincial, Nación retiene fondos clave que provienen de los impuestos a los combustibles, un tributo que todos los rionegrinos pagan cada vez que cargan nafta, pero que hoy se reparte casi exclusivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Una desigualdad que afecta al interior
De acuerdo a la Ley 23.966, la recaudación de este tributo debe destinarse a obras viales y al sostenimiento del transporte público de pasajeros en todo el país. Sin embargo, durante 2024 Nación destinó los $55.000 millones recaudados solo al AMBA y, en lo que va de 2025, ya lleva retenidos otros $29.000 millones que tampoco llegan a las provincias.
La consecuencia directa es la disparidad de tarifas: mientras un pasajero en la Ciudad de Buenos Aires paga alrededor de $546 para recorrer hasta 27 kilómetros, un usuario de colectivo en Río Negro abona unos $2.000 para trayectos más cortos, incluso contando con subsidios provinciales.
Más de $4.000 millones en fondos provinciales
Ante la falta de asistencia nacional, Río Negro sostiene su sistema de transporte público con recursos propios. El año pasado destinó más de $3.581 millones y para este 2025 prevé superar los $4.115 millones para mitigar el impacto en las tarifas.
Actualmente, la provincia subsidia recorridos de corta y larga distancia que unen distintas localidades por un total de $2.535 millones anuales, poniendo especial foco en las zonas de mayor demanda como el Alto Valle y la región Andina. Además, aunque no es su competencia directa, Río Negro también asiste con aportes a los servicios urbanos de ciudades como Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón. Esta asistencia suma otros $1.580 millones anuales.
Un reclamo que se vuelve ley
En este contexto, el gobernador Alberto Weretilneck, junto a otros 22 mandatarios provinciales, impulsó días atrás un proyecto de ley para exigir a Nación un reparto más equitativo de estos recursos. La propuesta busca derogar el Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte, que hoy se financia con el impuesto a los combustibles, y reemplazarlo por un nuevo esquema: el 43% de la recaudación quedaría para Nación y el 57% se distribuiría directamente a las provincias.
De prosperar, esta iniciativa permitiría compensar el desequilibrio actual, garantizar la igualdad de oportunidades para los usuarios del interior y reforzar la infraestructura vial y de transporte que hoy Río Negro financia íntegramente con fondos propios.
