Dólar oficial $1.535 – Dólar Turista $1.995,50 – Dólar blue $1.545 – Dólar MEP $1.539,43 – Contado con Liqui $1.619,37 – Riesgo País 622
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Una iniciativa legislativa busca habilitar a las comunidades originarias de Río Negro a desarrollar actividades vinculadas con los juegos de azar mediante licencias otorgadas por el Estado provincial. La propuesta contempla la posibilidad de administrar casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas, junto con emprendimientos hoteleros y gastronómicos, bajo un sistema de autorización y fiscalización pública.
El proyecto es impulsado por Roberto Zgaib, dirigente de La Libertad Avanza en General Roca y tesorero del espacio político en la provincia. Su objetivo, según explicó, es generar nuevas fuentes de ingresos que puedan ser administradas directamente por las comunidades y utilizadas para financiar necesidades relacionadas con salud, educación, vivienda e infraestructura.
La propuesta plantea un régimen específico para los pueblos originarios, con condiciones de acceso y mecanismos de control establecidos mediante convenios con el Gobierno provincial. Aunque el texto todavía debe atravesar las instancias correspondientes para convertirse en ley, sus impulsores sostienen que podría representar una alternativa de desarrollo económico para comunidades que buscan fortalecer su autonomía financiera.
La iniciativa toma como referencia la legislación estadounidense que desde 1988 permite a comunidades indígenas desarrollar actividades de juego en sus territorios. Según las cifras difundidas por el impulsor del proyecto, este sector alcanzó ingresos superiores a los 43.000 millones de dólares durante 2024, con 243 tribus operando 532 establecimientos distribuidos en 29 estados.
Sin embargo, el esquema propuesto para Río Negro tendría características propias, debido a que en Argentina la regulación de los juegos de azar corresponde a las provincias. Por ese motivo, las autorizaciones deberían tramitarse mediante la Lotería para Obras de Acción Social de Río Negro y formalizarse a través de convenios entre cada comunidad y el Estado provincial.
El proyecto contiene 37 artículos y establece que podrían solicitar licencias aquellas comunidades originarias que acrediten personería jurídica y tierras comunitarias reconocidas, independientemente de su ubicación dentro de Río Negro. También fija un límite de cuatro licencias de casino durante los primeros tres años de implementación, con el propósito de establecer una incorporación gradual de establecimientos.
Uno de los aspectos centrales del texto es la obligación de presentar informes anuales ante la Legislatura provincial, con información sobre las licencias otorgadas, los niveles de recaudación y el funcionamiento del sistema. De esta manera, la propuesta busca establecer mecanismos de seguimiento institucional sobre las actividades autorizadas y sus resultados económicos.
La iniciativa también contempla que la reglamentación se realice mediante un proceso de consulta libre e informada a las comunidades originarias, permitiendo incorporar observaciones antes de establecer las condiciones definitivas. Sus fundamentos mencionan el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el artículo 42 de la Constitución rionegrina y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El desarrollo del proyecto dependerá de su presentación y tratamiento legislativo, así como de las definiciones que adopten las autoridades provinciales y las propias comunidades. Por el momento, se trata de una propuesta que busca abrir el debate sobre nuevas alternativas de financiamiento comunitario, sin que exista una autorización general vigente para que los pueblos originarios comiencen a operar casinos bajo este régimen.
