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En la Legislatura de Río Negro se presentó un proyecto de ley que propone modificar las fechas de vencimiento de las facturas de los servicios públicos domiciliarios, con el objetivo de que se fijen posteriormente al día 10 de cada mes. La iniciativa alcanza a la energía eléctrica, gas, agua potable, servicios cloacales e internet.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Fernando Frugoni y Javier Acevedo, del bloque CCARI–Cambiemos, y busca proteger a los trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado, quienes frecuentemente se ven obligados a pagar las facturas antes de cobrar sus salarios, generando mora involuntaria y recargos adicionales.
Según explicó Frugoni durante la presentación, “aunque el interés por pago fuera de término pueda parecer bajo de manera individual, el monto acumulado por empleados públicos y privados alcanza cifras millonarias”. Como ejemplo, mencionó el caso de Edersa, cuya factura de febrero venció el 4, antes de la acreditación de los sueldos, y que en marzo vencerá el 2.
El legislador subrayó que el gasto en servicios representa entre el 11% y el 14% del ingreso mensual de los hogares rionegrinos, por lo que ajustar los vencimientos al calendario de pagos salariales constituye “una medida de sentido común que no altera tarifas ni contratos, pero sí facilita la vida cotidiana de miles de familias”.
Frugoni recordó además que el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 establece que los salarios deben abonarse dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes, aunque en la práctica los pagos suelen extenderse tanto en el sector público como en el privado. Esto provoca desfasajes que derivan en mora involuntaria y cargos adicionales sobre montos ya consumidos.
“Desde nuestra concepción política no podemos permitir que los asalariados queden atrapados en esta situación, especialmente cuando la falta de capacidad de ahorro les impide prever estos pagos”, concluyó el legislador.
La iniciativa ahora será analizada en comisión y, de aprobarse, podría implementarse como un ajuste administrativo que alivie la carga económica de las familias rionegrinas, sin alterar los contratos ni las tarifas de los servicios.