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El Gobierno de Río Negro presentó un proyecto de ley que endurece el abordaje penal frente a delitos reiterados. La iniciativa propone que la Justicia pueda disponer prisión preventiva para personas que ya tengan formulaciones de cargos en más de una causa en trámite, sin necesidad de una condena previa. La propuesta oficial también incorpora la creación de un Registro de Huellas Genéticas para todos los delitos, con el objetivo de reforzar la investigación judicial.
La figura clave que se incorpora es la de “reiterancia delictiva”, un mecanismo legal que permitirá evaluar el peligro procesal en casos donde el acusado ya cuente con otra imputación activa. Si se confirma la formulación de cargos en más de una investigación, los fiscales podrán solicitar que esa persona quede detenida de manera preventiva.
El gobernador Alberto Weretilneck defendió la propuesta señalando que “la reforma encuentra sustento en los principios de prevención del delito y protección a las víctimas”. Añadió que el objetivo es “intervenir frente a la continuidad de delitos y evitar mayores daños a las personas y al sistema”.
El proyecto fue presentado oficialmente por el Poder Ejecutivo, pero recoge demandas previas de distintas bancadas legislativas, como La Libertad Avanza, el PRO y el bloque Primero Río Negro. Ahora el oficialismo busca unificar criterios y avanzar en su aprobación legislativa.
Además, se propone la implementación de un Registro de Huellas Genéticas que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público. Esta base de datos incluirá perfiles genéticos de personas condenadas por delitos y permitirá comparar muestras recolectadas en escenas del crimen con registros previos. La medida apunta a acelerar y reforzar las investigaciones judiciales.
La iniciativa toma como modelo experiencias como la del Gobierno de Mendoza y se alinea con la Ley Nacional N° 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos. En Río Negro, la propuesta cuenta con el impulso de los legisladores oficialistas Facundo López y Lucas Pica, quienes ven en esta herramienta “una base indispensable para la identificación criminal”.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca dar respuesta a uno de los reclamos sociales más persistentes: que el sistema penal no permita que personas con múltiples causas en trámite sigan libres mientras avanza la investigación judicial. La discusión se abrirá en la Legislatura en las próximas semanas, en un contexto donde la seguridad ocupa un lugar central en la agenda política provincial.
