El gobierno de Río Negro, liderado por Alberto Weretilneck, oficializó la puesta en marcha del protocolo de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas. La medida fue aprobada por mayoría en la Legislatura provincial y, tras su publicación en el Boletín Oficial la semana pasada, ya se encuentra en vigor. Sin embargo, la normativa ha suscitado un fuerte rechazo entre las organizaciones mapuches, que denuncian falta de participación en el proceso y cuestionan aspectos clave del proyecto.
La propuesta fue presentada de forma acelerada por el Ejecutivo provincial, quien en menos de dos semanas logró el respaldo de una coalición de bloques que incluyó a Juntos Somos Río Negro (JSRN), PRO, libertarios, Primero Río Negro, la UCR y el ARI, así como algunos legisladores del PJ, entre ellos Pedro Dantas. Durante el tratamiento legislativo, el proyecto avanzó sin mayores obstáculos, pero el rechazo se hizo notar por parte de los bloques PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, que votaron en contra.
Desde el Parlamento Mapuche y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci), representantes de las comunidades mapuches manifestaron su descontento, argumentando que la aprobación del protocolo fue inconsulta. Uno de los puntos más cuestionados es la designación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, aspecto que, según los referentes indígenas, contradice los principios de autonomía y participación comunitaria establecidos en la normativa nacional e internacional sobre derechos indígenas.
Además, las críticas se centran en la limitación del protocolo a aquellas comunidades que cuenten con personería jurídica reconocida por la provincia, dejando fuera a otras agrupaciones y restringiendo su alcance a las comunidades oficialmente registradas. Otro de los aspectos polémicos es la definición de “área de influencia”, que quedará a criterio de cada proyecto, lo que preocupa a las comunidades al considerar que podrían verse afectados sin tener derecho a ser consultados de manera adecuada.
Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, señaló que el protocolo implementado unilateralmente por el gobierno de Weretilneck no cumple con los principios de consulta participativa y respeto a la cosmovisión indígena. En declaraciones públicas, Carriqueo criticó la falta de apertura del gobierno para incluir a las comunidades en la construcción de este protocolo, señalando que se trata de una herramienta que, en su visión, más que proteger, vulnera los derechos de las comunidades mapuches en el territorio.
El conflicto por el protocolo de consulta previa deja en evidencia la tensión existente entre las políticas provinciales de desarrollo y las demandas de las comunidades indígenas por una participación efectiva en los procesos que afectan sus territorios. Las organizaciones mapuches han anticipado que continuarán manifestándose y buscando formas de visibilizar su oposición a una normativa que, según ellos, no responde a sus intereses ni respeta sus derechos reconocidos.
