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La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de Río Negro, creada como órgano de control del funcionamiento estatal, enfrenta cuestionamientos crecientes por la falta de resultados visibles y la demora en el tratamiento de expedientes iniciados por presuntas irregularidades en la administración pública.
A casi un año de haber asumido la nueva conducción del organismo, no se conocen avances concretos en denuncias vinculadas a contrataciones directas, operaciones patrimoniales con fondos públicos y deficiencias en el funcionamiento de instituciones estatales. Entre los casos sin resolución pública, figuran operaciones como la venta de un avión sanitario bajo una modalidad no habitual de pago, contrataciones por asesorías sin antecedentes verificables y hechos relacionados con condiciones laborales en organismos provinciales.
El ritmo de actuación de la Fiscalía parece diferir según el origen de las presentaciones. Algunos expedientes avanzan con mayor celeridad cuando provienen de funcionarios de estructuras afines al oficialismo provincial, mientras que otros, iniciados por sectores sin representación en el Ejecutivo, no registran movimientos administrativos ni actualizaciones públicas sobre su estado.
Esta disparidad en los tiempos de respuesta no solo afecta el principio de equidad institucional, sino que también limita la capacidad de la sociedad para acceder a información transparente sobre el uso de los recursos públicos y el desempeño de los organismos encargados de su supervisión.
La Fiscalía, que cuenta con facultades legales para intervenir, investigar y remitir causas a la Justicia cuando encuentra elementos suficientes, no ha generado en el último tiempo derivaciones judiciales de relevancia. La falta de comunicación oficial respecto a los criterios de selección de casos, responsables asignados o medidas adoptadas, profundiza la opacidad del proceso y debilita su legitimidad como órgano de control.
La situación deja en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de funcionamiento de la FIA, su grado de independencia operativa y su articulación con otros poderes del Estado. También pone en cuestión la efectividad del sistema de control institucional en la provincia, en momentos donde se exige mayor transparencia, eficacia y rendición de cuentas por parte de todas las estructuras del gobierno.
