El Consejo de la Función Pública de Río Negro se reunirá este jueves a las 10 para discutir la próxima pauta salarial de los trabajadores estatales y, en paralelo, definir el mecanismo de cancelación de las recategorizaciones adeudadas, que alcanzan a más de 3.500 agentes del Estado provincial.
La instancia paritaria se desarrollará con la ausencia de UPCN, que informó que no participará en protesta por considerar que el organismo “ha sido progresivamente vaciado de contenido” y que las decisiones se adoptan de manera unilateral. En la reunión estarán presentes representantes de ATE y funcionarios del Ejecutivo provincial.
Desde el gremio que conduce UPCN, Mónica Miranda, cuestionaron el funcionamiento del Consejo y apuntaron a una pérdida de su rol original en la negociación salarial. En contraste, ATE mantendrá su participación en la mesa.
En paralelo, la Unter aún no recibió convocatoria formal a paritaria docente, lo que generó malestar en el sector. El sindicato docente advirtió sobre la falta de diálogo en un contexto de reclamos salariales y condiciones laborales, y vinculó la situación con el escenario de conflictividad educativa en la provincia.
Uno de los puntos centrales del encuentro será la definición de la política salarial del Ejecutivo para los próximos meses. Según las proyecciones preliminares, se evalúa una pauta cuatrimestral con aumentos bimestrales atados a los índices de inflación nacional y de Viedma.
El otro eje de la reunión será la regularización de las recategorizaciones pendientes, principalmente en el área de Salud. Se trata de ascensos automáticos previstos por la normativa vigente que no fueron liquidados en tiempo y forma, algunos de los cuales se remontan a 2019.
De acuerdo a estimaciones oficiales, el universo de trabajadores alcanzados supera los 3.500 agentes, con un impacto económico cercano a los 1.600 millones de pesos. El monto promedio a percibir rondaría los 400.000 pesos, aunque con fuertes diferencias según cada caso, con liquidaciones que van desde menos de 50.000 hasta más de 700.000 pesos.
El esquema de pago que se analiza contempla iniciar las cancelaciones hacia fines de junio y en cuotas, en un cronograma que podría extenderse entre tres y cuatro tramos, según las condiciones financieras que establezca el Ministerio de Hacienda provincial.
(Foto de Archivo)
