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El Gobierno de Río Negro avanza con una iniciativa clave en materia energética y fiscal: el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que establece el cobro de un canon a las futuras empresas concesionarias de las represas hidroeléctricas del Comahue por el uso del recurso hídrico provincial.
La medida, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, alcanza a las centrales de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, y se inscribe en el proceso de renovación de concesiones que impulsa el Gobierno nacional en el sistema hidroeléctrico.
El proyecto ingresó con acuerdo general de ministros y solicita tratamiento en única vuelta, en función de su “trascendencia institucional”, según se desprende del mensaje oficial.
La iniciativa establece que las futuras operadoras deberán abonar a la provincia una retribución equivalente al 1% de la facturación total por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. Ese porcentaje podría elevarse hasta el 2% en caso de que Neuquén no perciba una compensación por el uso del recurso hídrico compartido.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía, que tendrá a su cargo la reglamentación, control y fiscalización del esquema de cobro.
Desde el Ejecutivo provincial se sostiene que la medida no constituye un impuesto adicional ni una regalía, sino un pago por el uso del agua como recurso natural estratégico.
El proyecto es presentado por la Provincia como el resultado de negociaciones con el Estado nacional en el marco de la futura licitación de las represas, muchas de las cuales fueron concesionadas antes de la reforma constitucional de 1994.
Según la posición oficial, ese proceso permitió el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos hídricos y el derecho a establecer compensaciones económicas por su utilización en la generación hidroeléctrica.
En ese sentido, el esquema es interpretado como un avance en la aplicación del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce la propiedad originaria de las provincias sobre sus recursos naturales.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el ingreso provincial estará atado a variables del mercado energético, como el precio de la electricidad y los niveles de generación de cada central.
El gerente general del EPRE, Santiago Yanotti, señaló que el esquema otorga previsibilidad y representa un cambio estructural en la relación entre las provincias y las empresas generadoras, al consolidar el derecho a percibir un canon por el uso del agua.
El proyecto ya comenzó su tratamiento legislativo y obtuvo acompañamiento mayoritario en comisiones, mientras se espera su debate en el recinto en los próximos días.
La iniciativa también abre un nuevo capítulo en la discusión federal sobre el manejo de los recursos naturales estratégicos, en particular en la región del Comahue, donde Río Negro y Neuquén comparten el aprovechamiento hidroeléctrico.
El Gobierno provincial sostiene que el esquema propuesto sienta un precedente institucional para futuras concesiones en el país y refuerza la posición de las provincias como titulares del recurso hídrico.
