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El Gobierno de Río Negro informó que logró recuperar más de $20.000 millones desde la puesta en marcha del sistema de auditorías médicas para el control del ausentismo en la administración pública. La medida, vigente desde septiembre de 2024, permitió reducir significativamente los días de licencia otorgados y optimizar los recursos del Estado.
Según datos oficiales, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se solicitaron 608.493 días de licencia. De ese total, 274.616 días —el 45,13%— fueron denegados por presentar inconsistencias o no cumplir con los criterios médicos establecidos.
La decisión de implementar auditorías no fue aislada. Meses antes se detectaron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada. En algunos casos se registraron hasta 2.000 días de reposo extendidos por un mismo médico, situación que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo provincial avanzó con un sistema de control externo con el objetivo de desarticular prácticas irregulares y, al mismo tiempo, resguardar el derecho de quienes realmente requieren reposo médico.
“El equipo de auditoría tiene una función estrictamente técnica: verificar que el reposo sea acorde al diagnóstico real. Validar un certificado es proteger el derecho de quien realmente necesita curarse, diferenciándolo de quien abusa de los recursos”, explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Desde el Gobierno aseguran que los números reflejan un “cambio cultural” en la administración pública. Octubre, históricamente el mes con mayor demanda de licencias, mostró en 2025 una caída de 14.031 días solicitados respecto del mismo mes de 2024.
El sistema no cuestiona la dolencia en sí, sino que en la mayoría de los casos ajusta los plazos de reposo a estándares médicos, evitando excesos y garantizando el tiempo necesario para la recuperación.
El mayor impacto económico se registró en los ministerios de Educación, Salud y la Policía, que concentraron el 89% del ahorro total, superando los $17.000 millones. Estas áreas reúnen la mayor cantidad de agentes estatales y generan altos costos por suplencias y reemplazos.
Cada día de ausencia injustificada implica un gasto significativo: el promedio estatal ronda los $67.000 diarios, pero asciende a $92.000 en profesionales de la Salud, $173.000 en la Policía, $91.000 en el Servicio Penitenciario y $65.000 en Educación.
“Administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es nuestra obligación ante cada contribuyente y la única forma de defender al trabajador estatal que cumple su tarea día a día”, subrayó Lastra.
La implementación de auditorías permitió además sistematizar por primera vez la información sanitaria del personal estatal. El relevamiento anual indicó que las principales causas de licencias fueron afecciones respiratorias —como faringitis aguda y gripe— y gastroenteritis viral. También se registraron casos de lumbalgia, que si bien fueron menos frecuentes, demandaron períodos de reposo más extensos.
El procedimiento es descentralizado. El agente debe completar un formulario y adjuntar el certificado médico. Luego, la auditora externa DIENST – Salud Laboral revisa el diagnóstico y determina si corresponde otorgar total o parcialmente los días solicitados, o rechazarlos.
El sistema cuenta con consultorios presenciales en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche, además de telemedicina y auditorías especializadas para cubrir todo el territorio provincial.
Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema no sólo permitió un ahorro millonario, sino que fortaleció la transparencia en la gestión y contribuyó a ordenar un área sensible del empleo público.
